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Dinero

Piden una fianza solidaria de 44 millones de euros

Distribuidores de Orange se querellan por presuntos cambios unilaterales en las condiciones del contrato

El Juzgado Central de Instrucción Número 2 de Madrid admite a trámite una denuncia contra la compañía telefónica por supuestos delitos de estafa, amenazas y coacciones, administración desleal y apropiación indebida

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Asafortel,  asociación de distribuidores afectados por Orange, ha puesto en marcha un proceso judicial por presuntas prácticas fraudulentas con intención de acabar con tiendas que ni interesaba mantener sin importarle la suerte de las mismas ni los prejuicios económicos y personales que iba a causar la decisión, según querella. 


Sede de Orange. Sede de Orange.

Así mismo acusan a la compañía telefónica de tomar la decisión unilateral de cerrar un gran número de tiendas provocando para ello un “estrangulamiento financiero feroz” que obligaran a los distribuidores a un irremediable cierre o venta por debajo del precio de sus negocios. Esta “asfixia económica”, según el documento, se basa en los siguientes métodos:

--Cambio unilateral continuo de las condiciones contractuales sin derecho a réplica por parte de los distribuidores afectados

--Falta de información contractual a dichos distribuidores

--Manipulación fraudulenta de los objetivos mensuales y trimestrales impuestos a tales distribuidores

--Aplicación de los criterios de pago diferentes a los establecidos en contrato incluso con carácter retroactivo

--Discriminación entre distribuidores, aportando ayudas a unos y reduciendo ingresos a otros

Imposición unilateral de las condiciones económicas de explotación

Así recoge la querella los datos de un proceso continuo de cambios en las comisiones retribuidas a los distribuidores, presuntamente, utilizando para ello “estratagemas y engañándoles”  con el argumento de que iban a ganar más dinero que antes. Para ocultar los fines “fraudulentos”, dice el documento,  se trató de tranquilizar a la distribución alegando que todo iba a seguir igual, convenciéndoles que era una mera maniobra de actuación. Esto, supuestamente, no fue así ya que Orange comenzó a exigir el cumplimiento de “mayores objetivos sin verse beneficiados de ningún apoyo”.

Falta de información de los cambios contractuales

Bajo este título, se acusa a la empresa de telefonía de no haber comunicado por escrito ni en tiempo ni en forma razonable ,cuando quisieron efectuar sus reclamaciones, no las pudieron formular por haber transcurrido los plazos previstos a tal efecto.

Discriminación entre distribuidores

De esta forma se acusa a Orange, alegando que era la compañía y su órgano de gestión quien decidía a quien quería potenciar y a quién no. Como recoge el documento, se venían cometiendo una serie de irregularidades financieras que provocaron un grave perjuicio a la distribución.

Algunos agentes afectados

INDALO MOVILES S.L e INDALO FRANQUICIA S.L. Ambas empresas mantuvieron una relación continuada con Orange Espange S.A. desde 1999 llegando a tener en 2013 entre Madrid y Galicia 13 puntos de venta. “La misma se vio hasta tal punto afectada por la maliciosa y planificada política de Orange” que en 2015 se disolvió todo su negocio. Se valora el prejuicio, según querella, en seis millones de euros.

CONVERSIA CCS, S.L Y PARLER CCS.SL iniciaron su relación con la citada compañía en el mismo año. Ambas llegaron a formar parte del conocido como TOP 25 cuyo significado comercial responde a estar entre los 25 distribuidores más importantes de la marca a nivel nacional.  A partir del año 2012, comenzó un continuado descenso de partida obligando dos años más tarde a tales distirbuidoras a “adquirir 8 nuevas tiendas viéndose obligadas a realizar la inversión con financiación ajena. Esta se hizo con la promesa de por parte de Orange de mejorar las condiciones financieras, cosa que nunca se cumplió, presuntamente. Se valora el prejuicio en doce millones de euros, como recoge el documento.

Las empresas mencionadas son únicamente dos casos de “la interminable lista de afectados” por Orange Espagne S.A.

Los afectados piden declaraciones por los hechos denunciados

Los distribuidores piden la práctica de diligencias de investigación, llamando a la participación a:  D. Jean Marc Vignolles, D. Pablo Verni Usón, D.Francisco Casillas Gamarra, D. Francisco Javier Broseta Sastre, D. Raúl Gómez Pardo, Dña. María Benito, D. Andrés Oliva García, Dña. María Luisa Díaz del Campo. Siendo estos parte de la cúpula directiva de la compañía telefónica.

Reclaman también que los querellados y sociedad responsables presten fianza solidaria para garantizar la posible responsabilidad civil, en cantidad inicial de 44.000.000€ o en su defecto, que inmediatamente se proceda al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para hacer frente a dicha responsabilidad civil.

El Confidencial Digital se ha puesto en contacto con Orange para conocer su opinión sobre esta querella criminal y al no haber “recibido notificación oficial de tal documento no pueden manifestarse sobre el caso".

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