Jueves 18/01/2018. Actualizado 13:54h

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Dinero

Los ‘ricos’ españoles también van a pedir al Gobierno que les suba los impuestos. Botín, Del Pino, Entrecanales, Isidoro Álvarez lo plantearán a través de su ‘club de empresarios’

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Si los millonarios franceses pidieron públicamente a Sarkozy que les subiera los impuestos, como una forma solidaria de hacer frente a la crisis económica, los ricos españoles también lo van a hacer. Van a pedir al Gobierno que aumente las cargas fiscales a las grandes fortunas.

Según ha sabido El Confidencial Digital, no lo van a plantear de forma individual, sino que la propuesta se vehiculará a través del lobby empresarial que en su día crearon los diecisiete empresarios más importantes del país, y que está encabezado por César Alierta, Emilio Botín e Isidro Fainé.

Del grupo forman parte César Alierta (Telefónica), Emilio Botín (Banco Santander), Francisco González (BBVA), Isidro Fainé (La Caixa), Florentino Pérez (ACS), Rafael del Pino (Ferrovial), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Antonio Brufau (Repsol), José Manuel Entrecanales (Acciona), Isak Andic (Mango), Simón Pedro Barceló (Grupo Barceló), Pablo Isla (Inditex), Isidoro Álvarez (El Corte Inglés), José Manuel Lara (Grupo Planeta), Leopoldo Rodés (Havas Media), Juan Roig (Mercadona) y Fernando Casado (Instituto Empresa Familiar)

En este colectivo no aparecen ni Luis del Rivero ni Borja Prado, que quedaron excluidos desde el principio.

Responsabilidad con el país

Según ha podido confirmar ECD en fuentes cercanas a este selecto club, la mayoría de los empresarios con gran patrimonio ve con buenos ojos pedir al Gobierno un alza de los impuestos que gravan su renta.

Consideran que hay que demostrar, y más en este momento, la responsabilidad con el país. En algunos círculos empresariales destacan que las clases medias, las más castigadas por la crisis, no entenderían que los más pudientes de España no echen una mano para contribuir a la recuperación económica, al igual que han hecho los altos patrimonios en Francia o Italia.

Este es uno de los principales argumentos que ha llevado a los altos ejecutivos españoles a plantearse esa iniciativa, según fuentes próximas a alguna de estas grandes fortunas.

Nadie quiere figurar como impulsor de la iniciativa

Las grandes fortunas estudian canalizar su propuesta a través del Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), el ‘lobby’ para potenciar la marca España que reúne desde febrero a las 17 principales firmas españolas, liderado por el presidente de Telefónica, y que se fraguó tras el primer encuentro que Zapatero mantuvo con los grandes empresarios del país en noviembre del año pasado.

Creen que es el mejor instrumento para hacer esta solicitud formal al presidente del Gobierno, después de constatar que ninguno de los ricos del país va a dar en solitario un paso al frente y aparecer como propulsor de la medida, por la cercanía de las elecciones generales y cuando los dos grandes partidos ya están en plena precampaña electoral.

Temen que una petición individual de uno de los ‘empresarios VIP’ pudiera afectar directamente a su actividad empresarial en el futuro, y prefieren ser cautos.

Mientras el PSOE ya ha anunciado que el candidato Rubalcaba incluirá el ‘impuesto para los ricos’ en su programa electoral, la secretaria general de los ‘populares’, María Dolores de Cospedal, lo ha rechazado porque opina que “crearía más paro”.

El equipo de Salgado trabaja en el impuesto

Los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda llevan varios meses trabajando en este proyecto. Según las fuentes empresariales consultadas por ECD, en el impuesto a los más ricos no se va a poder hablar de improvisación.

Los estudios del impacto recaudatorio que tendrían cada una de las modificaciones posibles están terminados desde hace tiempo. Concretamente, hace tres semanas se realizó una proyección actualizada de los datos fiscales.

Sin embargo, aún existen discrepancias sobre si gravar a los que tienen más de un millón de euros, o subir hasta los que superen los 1,5 millones. El aumento de los ingresos, en función de los tipos que se aplicasen, podría oscilar entre 2.000 y 1.000 millones de euros.

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