El equipo de Pedro Sánchez reclamó con insistencia documentación

La filtración del fraude fiscal de Màxim Huerta no partió de la Agencia Tributaria

Hacienda ha confirmado a Moncloa que el recurso del ex ministro impidió garantizar la confidencialidad de la información

Moncloa comenzó a perder la confianza en Màxim Huerta a primera hora de la tarde de este miércoles, a pesar de las explicaciones trasladadas a Pedro Sánchez por el ya ex ministro de Cultura. Un momento en el que el equipo del presidente empezó a abrumar a Hacienda con la petición insistente de información sobre su situación fiscal.

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes conocedoras de los contactos, Hacienda trasladó a Presidencia del Gobierno, en una primera auditoría interna a las pocas horas de saltar la noticia, que descartaba que el escándalo obedeciera a una filtración desde la propia Agencia Tributaria.

Destacó que es una sentencia que está publicada y, por ello, el recurso que interpuso el ex ministro es lo que ha facilitado que la condena haya salido a la luz. Un mensaje que apunta al Tribunal de Justicia de Madrid como origen de la filtración.

Sistemas informáticos fiables y protegidos

Desde el punto de vista operativo, explicaron, los sistemas informáticos de la Agencia Tributaria son totalmente fiables y están perfectamente protegidos. Por tanto, la única posibilidad de fuga de información de estas bases de datos es que alguien lo haga de forma deliberada, descartándose casi por completo el fallo o el ataque externo.

El sistema informático de la Agencia Tributaria permite identificar incluso al responsable de esta infracción. Las bases de datos con la información de los contribuyentes y de las investigaciones que se encuentran en marcha registran cada consulta que realizan los funcionarios.

Los técnicos tienen que acceder con una clave, y de esta forma queda grabada toda la información: quién ha accedido, cuándo lo ha hecho, cuánto tiempo ha estado consultado la base y qué datos de qué contribuyentes ha visionado.

No es habitual tampoco que los responsables políticos conozcan los planes de inspección, ni las actuaciones diarias. Pero si los funcionarios que investigan el asunto se lo trasladan a su superior por la relevancia del expedientado, como puede ser el caso de Màxim Huerta, la información va ascendiendo hasta que llega al director de la Agencia Tributaria y el ministro de Hacienda.

En esos casos, existe la tentación de utilizar políticamente los supuestos fraudes de algunas personalidades. Pero es un escenario que se ha descartado ahora por completo.

Acreditar que está al corriente con Hacienda

Uno de los argumentos centrales que se esforzó en resaltar el Gobierno, hasta el último minuto, es que “Màxim Huerta está al corriente de sus obligaciones fiscales”. Para ello, Moncloa disponía de un documento acreditativo, pero que no llegó a distribuir debido al cariz que iban tomando los acontecimientos. No iba a servir de nada.

Un certificado, expedido con fecha de este miércoles por la Agencia Tributaria, acredita que “conforme a los datos que obran en este organismo, Màxim Huerta se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio”.

 

Abandonar el argumento del “cambio de criterio”

En las primeras horas de la crisis, el Ejecutivo se lanzó también a defender que la situación tributaria de Huerta era parecida a la que han vivido muchos artistas, deportistas, presentadores, periodistas y otros profesionales que han utilizado empresas pantallas para reducir su factura fiscal de forma fraudulenta.

El ex ministro de Cultura también justificó la condena por fraude en 2017, asegurando que su deuda con Hacienda se debió a un “cambio de criterio”.

Una defensa que el Ministerio de Hacienda trasladó a Moncloa que Huerta tenía que abandonar de inmediato. Debía saber que nunca ha estado permitido utilizar una sociedad de forma instrumental como pantalla para eludir el pago de impuestos.

Le advirtieron de que estaba comenzando a equivocarse gravemente en sus explicaciones, sobre todo tras conocerse que también había cargado los gastos de un apartamento en Alicante a esa sociedad.

Así, recordaron que el hecho de que se hubiera venido utilizando anteriormente o que la mayoría de quienes lo hacían no hubieran tenido problemas con Hacienda, no quiere decir que se estuviera utilizando de forma legal. Fue a partir de 2002, cuando se intensificaron las campañas de la Agencia Tributaria para investigar estas sociedades.

Utilizar una sociedad de forma instrumental como una pantalla, una sociedad que no tiene actividad, lo único que pretende -y así venía reflejado en las sentencias- es eludir el pago del impuesto sobre la renta y en ese sentido, hablar de cambio de criterio, no estaba resultando lo más adecuado. Fue una clara advertencia a Moncloa de Hacienda.

Una práctica común de artistas, deportistas...

El “cambio de criterio” al que se refería Huerta en sus declaraciones afectó a otros presentadores, como Jorge Javier Vázquez, así como a conocidos actores y cantantes quienes, hace seis años, comenzaron a ver cómo Hacienda inspeccionaba sus cuentas.

La investigación se debió al hecho de que ciertos profesionales del entretenimiento creaban sociedades pantalla para gestionar sus ingresos a través de contratos mercantiles y no laborales, con lo que evitaban someterse al régimen general de la Seguridad Social y esquivaban el pago del IRPF.

En 2012, el ministerio fiscal decidió abrir una investigación al respecto y obligó a conocidos rostros televisivos a dejar de gestionar sus ganancias a través de contratos mercantiles para hacerlo como personas físicas y a través de un contrato laboral.

El uso de estas denominadas sociedades profesionales ha sido, durante muchos años, una práctica asumida con normalidad en el sector audiovisual.

El ex ministro Huerta, que defraudó 218.332 euros a través de una sociedad que constituyó en 2006, continuó defendiendo en la comparecencia para anunciar su dimisión que se trataba de una práctica común” en el sector artístico. En la Agencia Tributaria critican que hiciera caso omiso a las indicaciones que le vinieron haciendo durante toda la jornada.

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