Lunes 20/11/2017. Actualizado 08:58h

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Dinero

El Gobierno no quiere la caída de una empresa emblemática en campaña

Jorge Moragas y Ana Botín impulsan un frente común para evitar la quiebra de Abengoa

Llamadas a la banca acreedora (Bankia, CaixaBank, HSBC...) para plantear quitas, prórrogas y una refinanciación de la deuda ante la falta de comprador

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El Gobierno se ha implicado directamente en la crisis de Abengoa a través de Presidencia y del ministerio de Economía. Una ofensiva a la que se ha unido también la cúpula del Santander para convencer a la banca acreedora de que acuda al rescate de la compañía de renovables.


Planta solar de Abengoa. Planta solar de Abengoa.

Según ha sabido El Confidencial Digital por fuentes conocedoras de los contactos, Jorge Moragas, jefe de gabinete de Mariano Rajoy, ha realizado varias llamadas en las últimas horas a altos cargos de Caixabank, Bankia, Banco Sabadell y Banco Popular para que acudan, en la medida de sus posibilidades, al rescate de la empresa andaluza.

Unas gestiones de última hora que se producen después de que Moncloa les solicitara ya, hace unas semanas, que apoyaran la entrada de los empresarios vascos de Gonvarri en Abengoa con una aportación de 1.500 millones. En aquel momento, hicieron caso omiso a la petición.

La postura de Gonvarri es inamovible

Como consecuencia, el grupo Gestamp paralizó este martes la adquisición del 28% de la compañía, por valor de 350 millones, a la que se había comprometido al fracasar las negociaciones con la banca acreedora.

El grupo de la familia Riberas, que había encauzado las operaciones a través de Gonvarri, había condicionado su entrada a que Abengoa obtuviera la refinanciación de sus líneas de crédito por parte de las entidades financieras.

A última de hora de este jueves, según pudo confirmar este confidencial, la postura de la compañía vasca era inamovible: no se va a replantear, bajo ningún concepto, su entrada en Abengoa. Una decisión que, además, ha sido trasladada ya como “definitiva” al Gobierno. Un escenario que ha encendido todas las alarmas en Moncloa.

Intensas gestiones con la banca acreedora

Ante la falta de un nuevo comprador, Presidencia ha trasladado la necesidad de un acuerdo urgente de la banca acreedora, que contemple quitas en su volumen de deuda o una prórroga del plazo de devolución del principal.

Si no se encuentra un comprador en los próximos días, les ha planteado una refinanciación que permita al grupo continuar con su actividad de forma estable.

En algunos de los bancos contactados confirman a ECD que han respondido a Moragas que, si no se puede dejar caer una empresa emblemática con 8.000 trabajadores en España, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) deberá ser el primero en poner su balance para salvar a la multinacional. Una posibilidad que, de hecho, no se descarta en este momento en el Ministerio de Economía.

El Santander, la entidad con mayor riesgo

De la cantidad prestada a Abengoa en los últimos años, 4.300 millones corresponden a bancos españoles. El Santander se sitúa a la cabeza, con un riesgo de 1.558 millones vinculado al grupo de ingeniería.

Por ello, desde la entidad que preside Ana Botín también se están volcando en los contactos con el resto de entidades acreedoras para “cerrar filas” ante esta situación de emergencia.

Algunas fuentes hablan de un contacto permanente entre la Ciudad Financiera del Santander y Moncloa, a través del secretario del consejo del banco Jaime Pérez Renovales, para coordinar esta crisis junto a Moragas. Hay que recordar que Renovales fue Subsecretario de Presidencia hasta hace unos meses, a las órdenes de Soraya Sáenz de Santamaría.

El Estado se juega 700 millones si quiebra

Le siguen en la lista de acreedores nacionales, por este orden, Bankia, Caixabank, Sabadell, Popular, Bankinter y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), entidad pública propiedad del Estado.

El ICO tiene concedidos actualmente 161 millones a Abengoa, 100 de los cuales se corresponden a un préstamo sindicado de 1.300 millones y los restantes 61 millones en concepto de financiación de proyecto. Si se suman los préstamos de Bankia, cuyo propietario es todavía el FROB, el Estado tiene un riesgo de 700 millones de euros, lo que explica la inquietud del Gobierno.

Evitar la caída en plena campaña electoral

Se corre el grave riesgo de que la compañía comience a incurrir en impagos y entre en una espiral que la conduzca al concurso de acreedores. Una situación que cada vez se antoja más cercana si no consigue una solución inmediata.

Su caída en concurso implicaría un tremendo deterioro de su negocio, lo que se traduciría en despidos y un lastre para todos los proveedores comerciales que trabajan para la multinacional energética. Un escenario del que el Gobierno no quiere oir ni hablar en plena campaña electoral.

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