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Jubilación obligatoria de los funcionarios de las autonomías a los 65 años. Los primeros gobiernos regionales están redactando ya decretos para dejarles de pagar las nóminas cuanto antes

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Guerra entre el Gobierno y las comunidades autónomas a cuenta de los sueldos de los funcionarios. Planean proponer al Estado la jubilación forzosa a los 65 años para ahorrar nóminas y ya están redactando los primeros decretos. El Ejecutivo central se resiste porque supondría mayor gasto en pensiones en los Presupuestos Generales de Estado.

Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes del Gobierno, el Ejecutivo no está por la labor de permitir la jubilación general de todos los funcionarios de la Administración a los 65 años.

En el Gobierno se tiene en cuenta que, una vez que los funcionarios se jubilan, el pago de su pensión corre a cargo del Estado. Por el contrario, mientras se encuentran en activo, las nóminas las asume el Presupuesto de cada Comunidad Autónoma.

En Aragón ya se ha planteado la jubilación forzosa

El Gobierno de Aragón ha sido de los últimos en limitar la vida laboral de todos sus trabajadores. Les obligará a jubilarse como máximo a los 65 años.

Los responsables de la administración autonómica aragonesa justifican la necesidad de imponer la norma como medida de ahorro.

Por su parte, los sindicatos no ocultan su malestar por el hecho de que las jubilaciones no se cubran con nuevo personal, “lo que, además de una renovación del personal, ya constituiría un ahorro, pues se prescindiría de complementos como, por ejemplo, el de antigüedad”.

No conceder más prórrogas de la vida laboral

Según las fuentes consultadas, no solo Aragón tiene este plan encima de la mesa. Incluso, Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana o Castilla La Mancha, llevan ya algunos meses aplicándolo.

Otras autonomías están conversando ya sobre esta opción con el Gobierno central para ahorrar nóminas y reducir el déficit, por lo que este modelo va camino de extenderse también a otros territorios del país en los próximos meses.

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican que se persigue que cualquier prolongación en la edad de jubilación sea de carácter excepcional y deberán justificarse causas poderosas, como el caso de los investigadores con trabajos pendientes de finalización o de los funcionarios que no hayan cotizado los años suficientes.

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