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Caso Nueva Rumasa. Por qué el Gobierno introdujo en 2005 una reforma legal que ha permitido a Ruiz-Mateos la emisión de pagarés sin el control de la CNMV

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Tras el salto a las portadas informativas del caso Nueva Rumasa, el Gobierno fue señalado como responsable de las irregularidades de la familia Ruiz Mateos por un cambio normativo en 2005 que le permitió eludir a la CNMV en la emisión de pagarés. Sin embargo, la historia es otra: el Ejecutivo realizó una trasposición de una directiva europea sobre folletos a la legislación española.

Según publicaron distintos medios cuando estalló el caso Nueva Rumasa, el real decreto ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública impulsado por Rodríguez Zapatero, creó un vacío legal en determinadas operaciones financieras que fue aprovechado por José María Ruiz Mateos para realizar las emisiones de pagarés.

Esas emisiones eran vigiladas, hasta ese momento, por el ministerio de Economía y, si observaba alguna irregularidad, tenía la potestad de no autorizarlas. Sin embargo, el cambio introducido en la legislación en el año 2005 eliminó esa facultad del Ejecutivo y dejó fuera del control de la CNMV operaciones como las efectuadas por Nueva Rumasa.

La opinión pública señaló al Gobierno como culpable. Sin embargo, la historia es otra. Según ha podido saber El Confidencial Digital, la reforma no tuvo su origen en el ministerio que por aquel entonces dirigía Pedro Solbes. La norma venía impuesta por la Comisión Europea.

Fuentes próximas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) explican que el real decreto ley 5/2005, que modificaba la ley 24/1988 del Mercado de Valores, suponía la trasposición directa de la directiva europea 2003/71, de 4 de noviembre, de folletos informativos al ordenamiento jurídico español.

Según las fuentes consultadas, esta reforma establecía diversas exenciones a la obligación de publicar un folleto informativo. Entre las excepciones se encuentra la de las ofertas cuyo valor nominal unitario sea superior a 50.000 euros, el caso, precisamente, de las emisiones de pagarés de Nueva Rumasa.

Las mismas fuentes comentan a ECD que la familia Ruiz Mateos pudo aprovechar el vacío legal que quedó entre la reforma de 2005 y la de abril de 2010 -que estableció que esas emisiones tenían que realizarse a través de un intermediario financiero- para colocar valores entre clientes sin necesidad de presentar un folleto. La CNMV dio hasta siete avisos en los que recomendaba a los inversores que debían informarse bien de las características de la emisión y de los riesgos asociados.

Uno de los casos más llamativos es el de la empresa Carnes y Conservas Españolas (Carcesa), una de las diez compañías del grupo Nueva Rumasa que se han acogido al preconcurso de acreedores. Lanzó en febrero de 2009 una emisión de pagarés que le permitió ingresar 70 millones y ese mismo año prestó otros 124 millones a varias empresas del grupo, según consta en las cuentas de la sociedad de 2009.

La empresa indicó en el folleto de la emisión que el importe captado entre los inversores se destinaría a adquirir nuevas compañías, pero durante todo el ejercicio únicamente se compró una empresa, Quesería Menorquina, que figura con un valor contable de 1,7 millones.

En 2009, Carcesa aprovechó también para reducir su deuda a corto plazo con varias entidades financieras, de manera que pasó de 28,9 millones a 18,7 millones, al tiempo que prestó 124,3 millones a otras compañías del grupo.

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