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Dinero

Objetivo, la economía sumergida. Salgado y Corbacho ultiman para marzo un plan contra el fraude que integrará las bases de datos de la Agencia Tributaria y de la Inspección de Trabajo

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La economía sumergida ha saltado de pronto al primer plano, como consecuencia de las declaraciones que hizo el ministro de Trabajo, diciendo que supone el 20 por ciento del total nacional, y tras las rápidas respuestas de la vicepresidente económica, Elena Salgado, y su “número dos”, José Manuel Campa, intentando corregir esos cálculos. No es casual. Ahora que los ingresos del Estado están a la baja por el descenso de la actividad económica, el mercado negro puede ser la solución para captar dinero.

Según ha sabido El Confidencial Digital, las polémicas declaraciones del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, “no fueron ni casuales, ni vanas”. Funcionarios con responsabilidades en ambos ministerios destacan que “por esas fechas ya se estaba trabajando de forma conjunta, entre Trabajo y Economía, en una modificación de la Ley de Prevención de Fraude, que se quiere presentar a finales de febrero o principios de marzo”.

“El principal motor de la lucha contra el fraude en 2010 será la estrecha colaboración entre la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social” aseguran algunos de los técnicos que participan en la mesa de trabajo que se encarga de este asunto, instancia que cuenta con expertos y altos cargos de Inspección, Gestión Tributaria y Recaudación.

Voces autorizadas de la Agencia Tributaria matizan que se trata de actualizar el Plan de Prevención de Fraude Fiscal, cuya última versión data de 2008, añadiendo las conclusiones recogidas en el observatorio sobre fraude fiscal y laboral que desde hace meses elaboran técnicos de Hacienda y Trabajo.

Las primeras iniciativas de esta colaboración serán la puesta en común de los ficheros y bases de datos de ambas instituciones (Agencia Tributaria e Inspección de Trabajo), la elaboración de planes de control conjuntos y el intercambio de información en temas concretos, como la contratación irregular.

A nosotros nos interesa el empresario que paga en negro, no el trabajador, que muchas veces no llega al umbral mínimo de ingresos”, destacan desde el ministerio que dirige Elena Salgado. Este tipo de contrataciones son un foco habitual de fraude, tanto laboral como fiscal, y “se puede comprobar en el incremento del envío de remesas por inmigrantes que se está produciendo, un personal que muchas veces trabajan en condiciones ilegales”, apuntan desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La integración de datos permitirá agilizar los procesos de detección de fraude, ya que “Trabajo tiene mucha más rapidez de reacción en estos ámbitos: pueden identificar una infracción e imponer una sanción al infractor de forma inmediata, mientras que nosotros vamos prácticamente con un año de retraso sobre la actividad económica”, reconocen desde la Agencia Tributaria, que destina el 58% de sus recursos a luchar contra el fraude.

Sobre el ‘rifi-rafe’ en torno a las cifras reales de la economía sumergida, protagonizado por la vicepresidenta del Gobierno y el responsable de Trabajo, altos cargos de Economía y Hacienda dijeron a ECD: “Lo de Corbacho no ha sido osadía, como le echaron en cara Campa y Salgado, sino valentía, por reconocer el fracaso en la lucha contra el fraude que arrastramos desde hace años”.

Los datos que se manejaron en el congreso anual de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) el pasado octubre, en Valladolid, apuntan que, aunque no existen en España informes oficiales sobre fraude fiscal, se estima que “podría oscilar entre el 20 y 25% del PIB, equivalente al doble de la cifra media estimada en la Unión Europea”.

Teniendo en cuenta que entre un 20 y un 25% del PIB español no paga los impuestos que les corresponde, que el Producto Interior Bruto ha alcanzado el billón de euros, y que la presión fiscal media supera el 30% (37,1% en 2007 y 32,80% en 2008), el importe de las cuotas no ingresadas cada año podría suponer más de 70.000 millones de euros, explican los inspectores. Otras fuentes de este colectivo recuerdan que las últimas cifras elaboradas por un organismo independiente “completamente solvente” son de 2007, cuando el Banco Mundial cifró el fraude en el 23%.

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