Jueves 23/11/2017. Actualizado 16:44h

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Dinero

Sacyr, Telefónica, Iberia, ACS, FCC...

Las empresas españolas en Panamá advierten de que la investigación de las sociedades opacas provocará represalias

Han transmitido al Gobierno que devolver al país a la lista de paraísos fiscales les dejará fuera de contratos millonarios, tendrán trabas para repatriar beneficios, mayor tributación...

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El Gobierno está convencido de que entrará en un grave conflicto con Panamá si sigue adelante con la investigación de las sociedades de Messi, Pilar de Borbón, Almodóvar... Hacienda y la Fiscalia dan por hecho que dilatará la entrega de datos. El pánico al chantaje y a las represalias se ha extendido ya entre las empresas españolas con intereses en el país.

Leo Messi celebrando un gol. Leo Messi.

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes del Gobierno, España se reserva una medida de presión a Panamá para que colabore en la investigación: amagar con devolverle a la lista de paraísos fiscales de la que le eliminó Zapatero en 2011. Una decisión que, precisamente, acaba de tomar Francia tras la revelación de los “papeles de Panamá”.

Sin embargo, en Moncloa no se pasan por alto las graves consecuencias para las empresas españolas de esta decisión. Algunas de ellas ya han transmitido su inquietud a Presidencia por las posibles represalias. Han advertido al Ejecutivo que Panamá aplica la denominada cláusula de retorsión y considera paraíso fiscal a cualquier otro país que le incluye en su lista.

Contratos en Panamá por 5.000 millones

España es el quinto socio empresarial de Panamá, con una inversión directa de 1.678 millones de euros. En el país hay afincadas más de 400 empresas españolas, que han logrado en total contratos hasta ahora por 5.000 millones. Destacan el canal de Sacyr, FCC, Gas Natural, Telefónica, Iberia, ACS, Cepsa e Indra, tras el abandono de BBVA, que vendió su filial a Grupo Aval en 2013.

También están presentes CAF, Acciona, Mapfre, Adolfo Domínguez, Telvent (Grupo Abengoa), Cirsa, Eulen, Sol Meliá, Barceló, NH, Ríu Construcciones Aeronáuticas, Cepsa, Codere, Fersa, Eulen, Ibergrupo, Santillana, Urbaser, Unión Eólica Española…

Las represalias que se temen, entre otras, son limitaciones a la contratación pública.  Además, si el país desde donde se repatrian los beneficios está incluido en la lista de paraísos fiscales, se impone a las compañías un régimen de tributación más exigente.

No hay una colaboración fiscal fluida

España y Panamá sellaron un acuerdo de doble imposición en 2011. Incluía una cláusula de intercambio de información individualizada y justificada. En ningún caso, por tanto, el trasvase de datos se produce de forma automática, masiva ni rutinaria.

En la práctica, el convenio que contempla un intercambio de información tributaria entre ambos países no se ha llegado a cumplir hasta el momento. Así lo reconocen a ECD varios altos cargos de la Agencia Tributaria que conocen a fondo la colaboración fiscal entre ambos países.

Ponen, como ejemplo reciente, el caso del ático de Ignacio González. En una providencia del pasado 9 de marzo, en la que la jueza de Estepona imputó al ex presidente madrileño, su mujer y a Enrique Cerezo, se recogían otras diligencias como reiterar la petición de una comisión rogatoria a Panamá “reclamando la información sobre las actividades de Coast Investors”, la sociedad que adquirió el inmueble.

Panamá ha negado hasta el momento esos datos a las autoridades españolas. El argumento esgrimido es que su legislación no tiene tipificado el delito contra la Hacienda Pública.

El Gobierno también tiene en cuenta que la investigación de la Fiscalía no puede demorarse más de un año. Es el plazo máximo que tiene el Ministerio Público para concretar los indicios de delito y presentar una querella contra los españoles que figuran en los “papeles de Panamá”.

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