Sábado 21/10/2017. Actualizado 01:01h

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Dinero

Tiene que ser aprobada antes de final de año

Peligra la subida de sueldo para 10 millones de funcionarios y pensionistas

Es preciso un acuerdo PP-PSOE. Los socialistas exigen un decreto específico y que no figure junto a otros recortes. Discrepancias en la cuantía de la revalorización

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La subida de sueldo para funcionarios y pensionistas se encuentra en peligro de cara al próximo año. El Gobierno, que necesita el respaldo del Congreso al decreto ley que apruebe el incremento del salario para esos 10 millones de españoles, está encontrando importantes obstáculos en las negociaciones con el PSOE con vistas a aprobar la medida.

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.

En caso de que se forme un nuevo Gobierno antes del 30 de octubre, fecha de la disolución de las Cortes, Hacienda calcula que habría tiempo para que un Ejecutivo con plenas facultades de luz verde a la subida de las pensiones y de los salarios de los empleados públicos para 2017

Sin embargo, según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes gubernamentales, Cristóbal Montoro, a través de una consulta a la Abogacía del Estado, busca ya la fórmula para aprobar esas subidas mediante decreto ley, en un escenario en el que venza la fecha límite y no haya Ejecutivo, se disuelvan las Cortes y se convoquen nuevas elecciones.

Con la confirmación de unas nuevas elecciones para finales de diciembre, el Gobierno desconoce si es factible modificar una ley como la de Estabilidad Presupuestaria, con el fin de llevar a cabo reformas a nivel nacional como la revalorización de las pensiones o el incremento salarial de los empleados públicos recurriendo para ello a la vía del decreto ley.

El PP plantea un decreto que incluya más recortes...

A día de hoy, en Hacienda trabajan con ese escenario provisional. Explican que, cuando se produce la prórroga de los Presupuestos, el Gobierno debe aprobar un Real Decreto-ley cuya finalidad no es autorizar la prórroga, que es automática, sino simplemente impartir normas complementarias hasta la entrada en vigor de los nuevos Presupuestos.

Por tanto, Moncloa se plantea utilizar ese decreto ley para incorporar un plan presupuestario que poder presentar a Bruselas antes del 15 de octubre, dado que las cuentas no van a llegar al Consejo de Ministros del último viernes de septiembre. Si en esa fecha no hay investido un presidente, el Ejecutivo en funciones no puede sacar adelante los Presupuestos.

pero el PSOE exige una normativa específica

Después resulta preciso que el PP alcance un acuerdo con el PSOE para convalidar ese decreto ley, por el Congreso de los Diputados, en un plazo no superior a 30 días, porque necesitará el apoyo de otros partidos, además del que ya tiene de Ciudadanos.

Ahí, advierten en ámbitos de Hacienda, el Ejecutivo está encontrando el primer gran obstáculo para aprobar la subida de sueldos a los diez millones de funcionarios y pensionistas.

Los socialistas, en conversaciones discretas celebradas estos últimos días, han transmitido al PP que rechazarán esa iniciativa. Se oponen a que el Gobierno incluya también en esa norma nuevas subidas de impuestos y la aprobación del adelanto en el pago de Sociedades para 30.000 empresas.

El PSOE exige un decreto específico. “No vamos a apoyar una normativa que nos presione con la subida de sueldo para funcionarios y pensionistas, pero en la que el Gobierno aproveche para colar más recortes”, defienden en el equipo económico de Ferraz.

Discrepancias también en la subida a aplicar

El segundo contratiempo que ya se visualiza en Hacienda es llegar a un acuerdo con los socialistas sobre la cuantía de la subida a aplicar. Las posturas se encuentran también en este momento “bastante distanciadas”, según explican a ECD fuentes conocedoras de las negociaciones.

Fuentes próximas a la cúpula económica del Gobierno no solo advierten de la cuestión legal. Reconocen que la preocupación se centra en el ámbito económico. Si se aprueba una revalorización de las pensiones o un incremento salarial a los funcionarios, hay que plantearse la manera de financiar dichos gastos, teniendo en cuenta que, con la prórroga de los presupuestos, las partidas no variarían respecto a las de 2016.

Por ello, el Ejecutivo ha planteado al PSOE, en estas mismas conversaciones, una subida del 0,25% en las pensiones (el mínimo que exige la ley), y del 1% en el sueldo de los funcionarios.

Sin embargo, los socialistas se oponen. Defienden incrementar más el poder adquisitivo de ambos colectivos, especialmente en el caso de los jubilados. Así las cosas, las negociaciones están también encalladas en este punto.

10 millones de españoles están en vilo

Casi 9,5 millones de jubilados en España perciben actualmente una pensión, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a cierre del mes de agosto. A finales del año pasado, el número de pensionistas ya superaba los 9,3 millones. A ellos afectará la subida que hay que aprobar.

En el caso de los funcionarios, la medida afecta a alrededor de 500.000 empleados públicos pertenecientes a la Administración General del Estado -funcionarios, personal laboral y eventuales-. Es decir, a aquellos que prestan servicio en los diferentes ministerios, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

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