Policías, profesores y médicos de siete comunidades se quedarán sin la devolución de la extra en enero
Cataluña, Andalucía, Galicia, Baleares, Murcia, Castilla-La Mancha y Aragón no van a abonar a sus funcionarios en la nómina de este mes el 25% de la paga que se les debe
Profesores, sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad locales... no recibirán en la nómina de enero la devolución del 25% de la paga extra que se les adeuda. Solo está garantizado este pago a los funcionarios de la Administración General del Estado y a los que dependen de la Comunidad de Madrid, Valencia, Castilla y León y Asturias.
Tal y cómo se contó en ECD, la devolución del 25% de la paga extra suprimida en diciembre de 2012 solo beneficiará en enero, en un principio, a los funcionarios de la Administración General del Estado. Son los únicos, junto con los de la Comunidad de Madrid, que la tienen garantizada en este momento en la nómina de este mes.
Los empleados públicos del resto de las administraciones autonómicas, que todavía no la han cobrado, “están a expensas del Gobierno local de turno”.
Afecta a policías, profesores, médicos...
Según explican fuentes de la Administración, la distinta decisión de los Ejecutivos autonómicos va a afectar a grandes sectores de la Función Pública, como los profesores, sanitarios, policías locales... “Es una medida más electoral que práctica, ya que muchos se quedarán sin ese dinero”.
Algunas comunidades, como Canarias, Cantabria, Extremadura, La Rioja y País Vasco, ya la abonaron a lo largo del año pasado.
Otras cuatro (Madrid, Comunidad Valenciana, Asturias y Castilla y León) se han comprometido a pagarla este mes, de la misma manera que el Ministerio de Hacienda lo hará a los funcionarios de la Administración General del Estado.
Muchas otras, hasta un total de siete de las diecisiete autonomías, no contemplan devolver todavía esa parte de la paga extra en la nómina de enero. Así se encuentra en este momento la situación, según ha confirmado ECD, dependiendo de dónde resida el empleado público:
– Andalucía: No se recoge en los Presupuestos, por lo que los empleados públicos están inmersos en multitud de procesos de reclamaciones individuales.
– Aragón: Se contempla en los Presupuestos pero la devolución viene condicionada por el déficit y, en este momento, no se cumple este objetivo en la comunidad.
– Baleares: En el primer semestre se devolverá de oficio.
– Canarias: Cobrado en la nómina de abril de 2014.
– Cantabria: Se pagó en octubre de 2014.
– Castilla y León: Se pagó el 45% de esta parte devengada en mayo de 2014 y el resto (55%) en la nómina de enero.
– Castilla La Mancha: Se pagará de oficio durante el primer trimestre (posiblemente en la nómina de febrero).
– Cataluña: No se ha cobrado, ni se contempla todavía en los Presupuestos porque no han sido aprobados.
– Comunidad de Madrid: Se cobrará de oficio en la nómina de enero para todos aquellos cuya situación no haya cambiado desde diciembre de 2012 hasta enero 2015. Pero quienes hayan experimentado modificación tienen que solicitarla.
– Valencia: Se cobrará en la nómina de enero.
– Extremadura: Los 44 días devengados ya han sido pagados.
– Galicia: En la nómina de febrero se cobrará la mitad.
– La Rioja: Se pagó en septiembre de 2014 una parte (el 25%). Se espera una reunión para hablar sobre el abono del resto.
– Navarra: Los Presupuestos han sido prorrogados. No se ha recuperado, por tanto, el 25% de la extra y se está todavía a la espera de un posible acuerdo.
– Euskadi: Fue adelantada por el Gobierno Vasco.
– Asturias: Los interinos lo cobraron en junio de 2014 y los funcionarios lo harán en la nómina de enero. Aquellos que han sufrido un cambio en su situación desde diciembre de 2012 tienen que solicitarlo.
– Murcia: En la Ley de Presupuestos figura que se cobrará en las nóminas de marzo y abril.
Anticiparse a la oleada de sentencias en contra
En realidad, tal y como se contó en ECD hace dos meses, no se trata de una devolución de parte de la paga extra, sino del reintegro de los 44 días de devengo transcurridos desde el 1 de junio, en que se computó el periodo para la paga extra de diciembre de ese año, al 14 de julio, fecha en que entró en vigor el decreto de medidas de estabilidad presupuestaria que suprimió la paga para ese ejercicio.
De esta forma, el Ejecutivo, y el resto de administraciones, se anticipan a la oleada de sentencias que ya se estaban produciendo, que declaraban ilegal la supresión total de la paga y que fijaban la percepción de esos 44 días. El coste para el Estado es de 230 millones y la cifra superará los 1.000, si se incluye también al resto de administraciones.
