Presidencia de Gobierno pide “cobertura” para la Constitución Europea y pone en apuros a Brufau, Alierta, de Oriol y FG

La Secretaría de Estado de Comunicación continúa trabajando frenéticamente de cara al próximo 20 de febrero. Según ha sabido ECD, Presidencia de Gobierno ha puesto en difícil situación a las principales empresas del país tras convocar en La Moncloa a sus jefes de comunicación y pedirles su implicación en la difusión del texto. Son días estos de intensa actividad para el director general del área internacional de la Secretaría de Estado de Comunicación de Gobierno, Javier Valenzuela, uno de los máximos responsables de la movilización de los profesionales de la comunicación de cara al referéndum sobre la Constitución Europea del próximo 20 de febrero. Como ya se informara en estas mismas páginas, Valenzuela, ha enviado una carta a los principales directivos de Medios de información nacionales pidiéndoles un esfuerzo por difundir todo lo posible el texto constitucional. Ahora, fuentes ministeriales han confirmado la existencia de reuniones con los jefes de comunicación de las principales empresas del país con un objetivo similar. Por La Moncloa han desfilando, de este modo, los máximos responsables de la división de relaciones externas de las grandes compañías españolas que no han sido instados únicamente a impulsar (y costear) desde sus entidades iniciativas a favor de la participación en el próximo referéndum. Desde el Ejecutivo se les ha pedido específicamente un esfuerzo adicional en poner en marcha iniciativas originales y den vida a ideas y modos “distintos” que permitan promocionar la Constitución Europea entre los ciudadanos; cada uno a su manera y según las posibilidades de la sociedad de que se trate. La iniciativa gubernamental está suponiendo, según ha podido constatar este confidencial entre los implicados, un “quebradero de cabeza” no pequeño. De momento, y como ya ha sido publicado en algunos medios, el Grupo Santander, que preside Emilio Botín, ha dado un paso al frente anunciando el inicio de una campaña informativa, en la que invertirá 300.000 euros, para concienciar a los ciudadanos de los beneficios de la futura Constitución. En algunas entidades hay quien no puede ocultar cierto embarazo y apuro: el Gobierno pide ayuda para un proyecto claramente político que resulta, por tanto, imposible de desoír. Algunos manifiestan en privado, con cierto disgusto, que sin duda podría tratarse de una “prueba de fuego” del Ejecutivo para descubrir “quién resulta ser un buen chico y quién no”.