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Dinero

Se aprobará la próxima semana

Prohibido grabar vídeos a los funcionarios en su puesto de trabajo

Se incluye en el protocolo contra las agresiones en la administración. Se desplegará más personal de seguridad para proteger a los empleados públicos

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El Gobierno ha convocado en las últimas semanas a los sindicatos de funcionarios para estudiar y acordar posibles mejoras en las condiciones laborales de los empleados públicos. Entre los aspectos que se están negociando destaca el protocolo contra las agresiones físicas y verbales en la Administración General del Estado.

Los funcionarios de las oficinas de Empleo han visto incrementado su trabajo pero no el sueldo. Funcionarios de una oficina de Empleo.

Desde hace meses los sindicatos de funcionarios y representantes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas están elaborando un documento para que los distintos departamentos y organismos públicos tengan un plan para proteger a los empleados que trabajan allí.

En los últimos años las agresiones y amenazas hacia funcionarios por parte de ciudadanos que acuden a distintas oficinas públicas se han hecho cada vez más frecuentes. Según los datos de la administración, en el año 2014 hubo 357 agresiones de este tipo, aunque los sindicatos aseguran que son muchos más.

El último ocurrió hace unos días en el municipio valenciano de Catarroja: un parado que estaba en una oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, el antiguo INEM) comenzó a insultar a la persona que le estaba atendiendo y destrozó varios objetos, como el indicador de una mesa.

Un protocolo general para toda la administración

En las últimas semanas Gobierno y sindicatos han acercado posturas y se espera que la próxima semana, en los últimos días de julio, se consiga firmar el acuerdo para un protocolo contras las agresiones físicas y verbales en la Administración General del Estado.

Fuentes del sindicato CSIF aseguran a El Confidencial Digital que el acuerdo final está muy cerca, ya que en los últimos contactos desde el Gobierno se ha abierto la puerta a incluir a los funcionarios de prisiones en este protocolo, aunque de forma general y con un desarrollo específico posterior. Esta era una de las condiciones que habían puesto los sindicatos para firmar y apoyar el documento.

Más allá de este punto, los sindicatos celebran que por fin se vaya a aprobar un protocolo “paraguas” para proteger a los funcionarios del Estado en sus oficinas y lugares de trabajo. “Será un logro importante y lo aplaudimos: se han incluido muchas de nuestras propuestas”, señalan fuentes de CSIF participantes en las negociaciones con Administraciones Públicas sobre este tema.

El protocolo contra las agresiones se incluyen tanto medidas preventivas, para tratar de evitar incidentes y agresiones contra los funcionarios, como reactivas, para acompañar y ayudar a los empleados públicos que sean víctimas de este tipo de incidentes.

Grabaciones a funcionarios para amenazar

En un plazo de tres meses, cada ministerio, organismo y oficina tendrá que adaptar este texto general a las características específicas de cada uno. Los responsables de cada oficina, junto con los delegados de prevención de riesgos laborales, tendrán que elaborar un inventario de las medidas de seguridad existentes y a partir de ahí se reforzará la protección con nuevos elementos.

Según ha podido saber ECD, una de las novedades del nuevo protocolo contra agresiones será la prohibición de grabar a los funcionarios mientras atienden. En los últimos años han aumentado los casos de personas que deciden sacar sus teléfonos móviles para tomar vídeos de cómo les atienden los funcionarios cuando están descontentos con las respuestas que les dan.

Para evitar estos incidentes, con los que algunas personas tratan de amedrentar a los empleados públicos que les atienden en las ventanillas y mesas, por ejemplo, de las oficinas de empleo, se va a prohibir esta grabación de imágenes de funcionarios.

Además, en aplicación de este protocolo se van a reforzar las medidas de seguridad en oficinas y sedes de organismos públicos. “Desde 2011 se ha reducido el número de agentes de seguridad, otros han pasado a tener jornada reducida, Por eso ahora muchas oficinas del SEPE no tienen vigilante, ni detector de metales...”, explican fuentes sindicales. Ahora la Administración se compromete a colocar más vigilantes de seguridad allí donde sean necesarios, además de instalar arcos detectores de metales y escáneres en las entradas de las oficinas y cámaras de vigilancia dentro.

Ayuda jurídica y psicológica a los agredidos

Otro de los puntos que se contemplan en el protocolo contra las agresiones es, por ejemplo, que en las oficinas no haya puestos de atención en los que los funcionarios queden aislados, para no aumentar el riesgo de ser agredidos. También se harán simulacros y sesiones prácticas para que los funcionarios reciban formación sobre cómo reaccionar ante una situación de tensión y amenazas de un usuario.

Las amenazas telefónicas también se regulan, mediante la grabación de las llamadas a lugares oficiales que puedan ser objeto de estos incidentes: “Hay muchísimas llamadas con amenazas de gente que lo está pasando mal y se desahoga amenazando o insultando”.

En el documento que se aprobará también hay referencias a planes de sensibilización para insistir a los ciudadanos de la importancia de tratar con respeto a a los funcionarios y empleados que les atienden.

La otra gran “pata” de este protocolo es la que se refiere a las medidas de acompañamiento y ayuda a los funcionarios que sean víctimas de agresiones. Habrá programas para tratar las secuelas psicológicas que sufran los agredidos y también se compensará a los que sufran daños en sus bienes personales.

Por otro lado, la Administración General del Estado se compromete a facilitar apoyo jurídico a los funcionarios víctimas de agresiones: bien a través de los propios servicios jurídicos del organismo o institución en donde trabaje el funcionario, bien a través de la contratación de servicios externos, para que en todo caso no tenga que ser el agredido quien encima cargue con los costes.

Por último, se habilitará un registro que centralizará todas las denuncias de casos de agresiones que se produzcan en las administraciones.

Desde sindicatos como CSIF se muestran satisfechos por lo conseguido y aseguran que es muy importante que se ponga ya en marcha esta protocolo. “Hay oficinas de empleo muy desprotegidas; también hay agresiones en las consultas médicas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, donde se deciden las incapacidades médicas y donde ha habido amenazas; también a inspectores de Empleo, al visitar empresas, y en oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social. No hay día en que no haya un caso de agresión”, aseguran fuentes sindicales.

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