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Dinero

Salgado declara una guerra sin cuartel a la economía sumergida. 1.300 inspectores investigan ‘a pie de calle’ los fraudes contra Hacienda: se buscan 90.000 millones de euros

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Empresas ficticias, ‘parados’ con uno o más empleos, personas que trabajan sin alta en la seguridad social... La economía sumergida cuesta al Estado más de 90.000 millones anuales, y el Gobierno califica ya la situación de insostenible: ha intensificado las investigaciones con visitas a locales y empresas para combatir los fraudes contra Hacienda.

El pasado 28 de abril, el Consejo de Ministros aprobó un plan para “aflorar, perseguir y penar” la economía sumergida, un fenómeno que representa, según cálculos del Gobierno, el 24 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de nuestro país. Pese a que la nueva ley entró en vigor el pasado 7 de mayo, Hacienda lleva desde principios de año sometiendo a empresarios y trabajadoresa unos duros y exhaustivos controles.

Según ha sabido El Confidencial Digital, el Ministerio de Trabajo introdujo, en las Directrices del Plan de Control Tributario para el presente año, una orden para que se empezar a realizar inspecciones presenciales en locales y empresas de toda España y de todos los sectores económicos, con el objetivo de descender el número de fraudes fiscales, que no han parado de crecer desde el comienzo de la crisis.

Para esta misión, la Agencia Tributaria lleva, desde el mes de febrero, enviando inspectores a todas las comunidades autónomas –salvo País Vasco y Navarra- para que controlen, ‘in situ’, la actividad económica de empresas y particulares que están considerados como “sospechosos” por Trabajo.

ECD ha podido tener acceso a un documento interno del ministerio, en el que se desglosa la actividad y cuantía de los agentes destinados al control, a “pie de calle” y a través de visitas, durante los meses de febrero y marzo. Vea la tabla a continuación:

Los fraudes más frecuentes

Según las fuentes consultadas por este diario, los funcionarios de Hacienda encargados de estas investigaciones han llevado a cabo 8.575 actuaciones en empresas hasta el 23 de mayo de 2011. Fruto de estas pesquisas, se han abierto 257 expedientes basados en las irregularidades observadas.

Los inspectores de la Agencia Tributaria se han encontrado con una buena lista de fraudes cometidos por compañías y empleados. Éstos han sido los más frecuentes:

--Personas físicas y jurídicas que no se habían dado de alta en la seguridad social. Los datos incorporados a la base de datos del ministerio de Trabajo corresponden a 5.396 nuevos contribuyentes, que antes de los controles no declaraban a Hacienda.

--Extranjeros sin autorización para trabajar. Durante los meses de marzo y abril, se contabilizaron 68 casos en los que las empresas tenían como empleados a personas sin su permiso de residencia en regla.

--Cobro de ayudas de la seguridad social pese a tener trabajo. En el mismo periodo, se detectaron 164 casos en los que se compatibilizaron prestaciones de seguridad social (por desempleo, incapacidad, o jubilación contributiva) con un puesto de trabajo.

--Existencia de empresas ficticias sin actividad real. Los inspectores han detectado que fueron creadas para simular una relación laboral inexistente, con el objetivo de recibir prestaciones de seguridad social o “beneficios indebidos”.

La investigación de los inspectores también se ha extendido al trabajo declarado de forma incompleta o incorrecta, como “encuadramientos indebidos, diferencias de cotización y otros supuestos de seguridad social, así como derivaciones de responsabilidad”.

Según el documento del Gobierno antes citado, todas estas actuaciones “han incrementado la percepción de control ejercido por las administraciones, lo que favorece la regularización inducida, y han permitido el descubrimiento de conductas irregulares”.

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