Martes 24/10/2017. Actualizado 12:56h

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Dinero

El ministro de Trabajo acusa a Juan Rosell (CEOE) de cobardía por haberse sometido al lobby de los grandes patronos. Valeriano Gómez no está dispuesto a legislar ‘contra los sindicatos’

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La ruptura del diálogo entre CEOE y los sindicatos sobre negociación colectiva, con lo que finalmente tendrá que ser el Gobierno quien legisle, ha desatado la iras del ministro de Trabajo, que se muestra especialmente molesto con el presidente de la patronal, Juan Rosell.

Tras la noticia difundida ayer por El Confidencial Digital, sobre el informe del lobby de los grandes patronos -véalo aquí-, fuentes oficiosas consultadas por ECD cuentan que Valeriano Gómez acusa al presidente de CEOE de cobardía, frente a un grupo que “en democracia no tienen legitimidad para imponer nada”. Trabajo no quería legislar y le valía un acuerdo de mínimos, pero ahora va a tener que tomar la batuta.

La interferencia del Club VIP de grandes empresarios, presionando a Rosell para que no firmara un ‘acuerdo light’ y la ruptura violenta de Rosell, han pasado la pelota al ministerio de Trabajo, que, según las fuentes consultadas, hará un decreto-ley (es la vía indicada para que entre en vigor de inmediato) tirando por la calle de en medio.

El ministerio tiene listo hace mucho el decreto, redactado por Alfonso Morán, director general para el diálogo social. Va a ser una norma  de mínimos, en la que no se recogerá el grueso de las peticiones empresariales. Y, sobre todo, “no se legislará contra los sindicatos”, dicen fuentes del ministerio consultadas.

Por ejemplo, en la ultraactividad (que los convenios sigan vivos un tiempo aunque caduquen), el plazo para que los convenios caduquen estará más cerca del año que de los seis meses que piden los empresarios. Y no caducará todo el contenido de los convenios, lo cual tampoco es lo que quieren los empresarios, aunque es poco relevante porque, cuando caduca un convenio, salario y jornada se quedan como están.

Se va a dar prioridad a  los convenios de empresa sobre los sectoriales. Eso en parte es lo que quieren los empresarios,  pero primarán los que tengan mejores condiciones (salarios, jornada etc...). Ya ocurre de hecho, por lo que tampoco es gran novedad.

Según consultores laborales expertos “la norma ministerial no va cambiar la estructura de los convenios, que era la clave de la negociación hace dos años: esas capas freáticas de convenios nacional, sectorial, provincial, de empresa, que es un corsé que ata a las empresas para adaptarse al mercado (contratar, despedir, flexibilidad interna y externa, organización del trabajo, manos más libres para gestionar)”.

Lo que no hará el decreto-ley es arrinconar a los sindicatos, quitarles presencia, representatividad y capacidad de supervisión en convenios de todo ámbito, como quiere el ala dura patronal, insisten las fuentes de Trabajo.

El Gobierno es consciente, dicen las consultoras laborales, de que no puede legislar contra los sindicatos; pero, a la vez, tiene que hacer concesiones a CIU y PNV (por tanto, a sus patronales) si quiere agotar la legislatura.  

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