Zapatero resuelve “in extremis” el cierre de Zincsa: Vivienda se compromete a vender a la empresa de Cartagena el terreno público que hará posible su continuidad

El 11 de mayo, José Luis Rodríguez Zapatero inauguró la campaña con una promesa “electoral” realizada a los trabajadores de la Empresa Española del Zinc S.A. El presidente prometió “solucionar” la crisis empresarial en una semana. El pasado 18 de mayo, cuando estaba a punto de expirar el plazo, cumplió. Un soplo de aire fresco para 250 trabajadores.

Y eso que el pasado viernes, en la sede de la empresa cartagenera de Zincsa nadie las tenía todas consigo, visto que la propuesta presidencial no llegaba. Cerca del mediodía, la noticia se difundió entre los 250 trabajadores de la empresa. Fernando Magro, Subsecretario de Vivienda, quería reunirse el 29 de mayo con representantes de la empresa y la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo, (SEPES) para tratar de reflotar la industria.

Zincsa arrastra una crisis desde hace tres años, momento en el que presentó suspensión de pagos por las deudas acumuladas con los proveedores y los altos gastos energéticos que requería la producción de zinc en unas instalaciones obsoletas y contaminantes. Según cuentan a El Confidencial Digital representantes de los trabajadores, se trata del caso opuesto a Delphi porque la Dirección quiere “salvar” la empresa.

Los administradores y los trabajadores sellaron su compromiso de continuar con la explotación del zinc -actividad a la que se dedicaba 50 años atrás-, pero debían acometer una profunda renovación del proceso de producción. En caso contrario, la empresa declararía la quiebra y el consiguiente expediente de regulación de empleo que implicaría a 250 trabajadores, la totalidad de la empresa.

Ambas partes idearon un plan de viabilidad. Aseguraban el futuro de Zincsa si se construía una fábrica más moderna y más que exigiera menos gastos para generar la misma producción. Para ello, venderían los terrenos en los que estaba ubicada la sede en Torreciega, en pleno centro de Cartagena. El Ayuntamiento aprobó la propuesta y firmó un acuerdo con el respaldo de las tres fuerzas políticas -PP, PSOE e IU-, en el que se aprobaba el cambio del uso del suelo de industrial a residencial para facilitar dicha venta.

A cambio, debía abandonar sus instalaciones antes de tres años. Pero la empresa intenta desde hace un año, sin éxito, adquirir suelo industrial en el polígono de Los Camachos, propiedad de la empresa pública Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES). Mientras, seguía con problemas de liquidez para comprar materia prima con la que seguir produciendo. A pesar de que la operación de la venta del terreno les aseguraba 140 millones de euros, que cobrarían al cumplirse los tres años, la desconfianza del sector bancario y de las empresas proveedoras de zinc sobre la viabilidad del proyecto provocó que se les denegara el aval. La Comunidad Autónoma también condicionaba la concesión de 13 millones de euros para comprar material a la obtención de terreno público.

Pero el SEPES no contestaba. Estas mismas fuentes aseguran a ECD que lo único que recibieron fue “la callada por respuesta”. Tampoco consiguieron implicar al Ministerio de Vivienda que calificaba el plan de reflotación de simulacro para especular con el terreno. La posibilidad de adquirir suelo privado, incluido rústico, es "inviable, por su elevado precio", asegura la compañía. El 29 de mayo administraciones y la empresa acercarán posturas. De momento, el expediente de regulación de empleo se ha paralizado a la espera de los resultados de la cita auspiciada por Zapatero.