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Dinero

5.000 empleos, en el aire

Las minas de carbón de León, Asturias, Aragón... al borde del cierre

Industria no ha renovado la obligación de comprar este mineral español para alimentar las centrales térmicas. Las eléctricas podrán adquirirlo en el extranjero, más barato

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El 31 de diciembre finalizó la obligación de las eléctricas de comprar carbón español para alimentar las centrales térmicas y generar energía. El sector esperaba llegar a un acuerdo con Industria para ampliar este plazo pero, de momento, no se ha producido. Éste podría llegar en cualquier momento porque “el Gobierno no se va a arriesgar a que en año electoral se levanten los mineros”, aseguran fuentes empresariales.

Mina de carbón en León. Mina de carbón en León.

El ministerio que dirige José Manuel Soria, que no ha contestado a las preguntas de este confidencial, no ha renovado la obligación de comprar carbón autóctono que finalizó el pasado 31 de diciembre. Si no se amplía ese plazo, a partir de ahora las eléctricas tendrán vía libre para comprar este mineral en el extranjero, que es más barato y más eficiente, aseguran.

Desde el pasado 1 de enero las compañías pueden alcanzar acuerdos bilaterales con las cuencas mineras, sin obligaciones de ningún tipo. La situación es totalmente inédita para un sector golpeado por la crisis desde hace años y que ha reducido su importancia en España desde hace décadas. “Podemos comprar carbón español o no, cada uno puede hacer lo que crea conveniente. Pero el extranjero es más barato”, aseguran desde una empresa.

Esta situación pone en peligro alrededor de cinco mil empleos de las cuencas mineras de Asturias, León y Aragón, principalmente. De momento, Endesa ha renovado por un mes las compras de carbón para sus centrales a las minas castellano leonesas.

Mientras estos acuerdos se sigan produciendo el sector minero estará más o menos tranquilo. Pero si esos acuerdos bilaterales no llegan los sindicatos no descartan cierres de minas, quiebras y despidos. Eso abriría de nuevo una etapa de protestas en este sector.

Año electoral

Precisamente ésa es la razón por la que en el sector confían en que Industria garantice en breve el futuro del carbón español. “Va a ser difícil que Industria se arriesgue a que en este año electoral se levanten los mineros y se pongan a quemar ruedas y a cortar carreteras”, aseguran en el sector.

Por eso, algunas fuentes apuntan a que en breve se llegará a un acuerdo entre el ministerio, Carbunión, la patronal del sector, y los sindicatos. Sobre todo después de que el pasado 3 de diciembre, el Tribunal General de la Unión Europea dictaminara que las ayudas al carbón nacional aprobadas por España en 2010 no vulneran las normas europeas sobre subvenciones públicas.

De esta forma se daba marco legal europeo a la obligación de las diez centrales térmicas que hay en España a abastecerse de carbón nacional y tener preferencia sobre otras centrales de gas, fuel u otro combustible.

Lenta agonía

Este miércoles el Gobierno ha hecho públicas las subvenciones a las cuencas mineras con cargo a los presupuestos de 2014. La cifra se ha reducido a 33,7 millones de euros por la caída del uso del carbón nacional para generar energía. Estaban previstos más de 66 millones pero sólo se han repartido esos 33,7 millones.

Estas ayudas se han ido reduciendo drásticamente desde que en 2011 el presidente José Luis Rodríguez Zapatero destinara más de 300 millones de euros para la minería. De ahí, se ha pasado a los poco más de 33,5 millones de 2014.

Y la situación podría ser peor. Porque al problema de las cuencas mineras se une el de las propias centrales térmicas. Como publicó este confidencial, las eléctricas han advertido al Gobierno de que tiene que preparar un plan para el carbón para antes de 2018 que haga rentables las ingentes inversiones que obliga a realizar la Unión Europea en las centrales por motivos medioambientales.

Antes de esa fecha, 2018, las centrales térmicas españolas deben reducir sus emisiones de azufre y óxido de nitrógeno entre un 50 y un 60%. “Adaptar las centrales a esas exigencias nos puede costar unos 1.000 millones de euros. ¿Cómo vamos a invertir ese dinero si no sabemos el marco legal en el que se va a mover el sector en el futuro?”, aseguran en el sector.

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