Un canal confidencial permite a empresarios denunciar desvío de dinero hacia la independencia
Es una iniciativa de Hacienda para contratistas y proveedores chantajeados por la Generalitat y obligados a incluir partidas para financiar actividades relacionadas con la secesión
Hacienda facilita que los empresarios denuncien desvío de dinero hacia la independencia de Cataluña. Ha decidido crear un canal confidencial de comunicación para proveedores de la Generalitat, en el que puedan denunciar cualquier acto administrativo en la comunidad autónoma que consideren ilegal.
Según ha sabido El Confidencial Digital por fuentes próximas a Hacienda, los prestadores de servicios para la Administración autonómica podrán usar un sistema electrónico de nueva creación para evitar que el dinero público pueda ser empleado en actividades contrarias a la Ley.
Es decir, ser desviado hacia fines relacionados con la independencia, como fundaciones, rehabilitaciones de edificios, bibliotecas...
Se trata de un canal similar al que ya existe para que los funcionarios de la Generalitat puedan denunciar que son objeto de órdenes ilegales por parte de altos cargos del Govern. Y alertarlo para poder negarse a ejecutarlas.
Forman parte de los estrictos controles que el Gobierno puso en marcha en noviembre para garantizar que la Generalitat no se gasta el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico en fines que no sean, exclusivamente, servicios públicos esenciales.
Por primera vez, Hacienda establece condiciones especiales a la administración de una comunidad, en este caso a Cataluña, distintas al resto de las comunidades autónomas.
Cotejar las facturas que presenta la Generalitat
Ahora, según las fuentes consultadas por ECD, se quiere que los proveedores se conviertan también en pieza fundamental para cotejar después los gastos que presenta al Estado la Generalitat, por lo que se busca su máxima complicidad.
Por ello, el interventor del Govern está obligado, desde hace un mes, a informar al Ministerio de Hacienda de todo el dinero que gaste la comunidad y cualquiera de sus entes.
Deberá remitir un certificado inicial y una actualización mensual de toda la ejecución del Presupuesto. Incluirá constancia de que la relación de actos sobre los que ha tenido conocimiento el interventor no contravienen la Constitución o las leyes.
“Es un hecho que la Generalitat retrasa ahora mismo hasta cuatro meses los pagos a las farmacias y los servicios de sanidad. Algo que no ocurre, por ejemplo, con el mantenimiento de su aparato de propaganda, ni el del sector público ni las subvenciones al privado”, explican fuentes del Gobierno.
Dejar sin firmar facturas para pagar a las farmacias
El estrecho cerco sobre los interventores autonómicos y municipales ha permitido en los últimos meses, por ejemplo, aflorar facturas pendientes de pago por la Generalitat.
Tal y cómo se reveló en ECD, muchas de ellas, incluso, porque la Intervención del Govern, dependiente de la Consejería de Economía, no las había firmado.
La Generalitat mandaba hasta ahora al ministerio las facturas pendientes de pago que ella seleccionaba previamente, Hacienda las examinaba,establecía una prioridad de pagos y tras aprobarlos ingresaba los fondos directamente en la cuenta de los proveedores.
