Las “empresas de seguridad” promovidas por gitanos que “vigilan” obras les cuestan a las constructoras un mínimo de 15.000 euros

Las constructoras gastan un mínimo de entre doce y quince mil euros por obra para pagar a algunos gitanos por la seguridad de los tajos y que así no sufran daños, y más en concreto robos. Según informaciones recogidas por El Confidencial Digital entre constructoras, se trata de una práctica extendida, consistente en “negociar” con algunos gitanos un precio para que la obra esté segura. Así, cuando una empresa va a iniciar una promoción, es frecuente que un gitano se acerque a la caseta de obras y “ponga un precio” para garantizar que la construcción no sufrirá saqueos ni daños materiales. Las constructoras se enfrentan a grandes pérdidas anuales provocadas por los hurtos. Por ejemplo, solamente el robo de la grifería en una promoción de 50 adosados con calidades estándar tiene un coste de 30.000 euros para la empresa. Ante esta amenaza, fuentes del sector consultadas por ECD reconocen que existen varios tipos de “contratos” verbales con algunos gitanos, dependiendo del tamaño y las calidades de la construcción. En ocasiones, se paga una cantidad fija, que suele oscilar entre 1.000 y 1.200 euros al mes, solamente para que no se produzcan robos en la obra. Mientras que otras veces, en ese precio se incluye un pacto para que el gitano quede al cuidado de la obra como vigilante por las noches. También existen casos en los que ese acuerdo se extiende a la vigilancia de varias obras. De este modo, las constructoras se evitan pagar una empresa de seguridad, pues un vigilante desde las 19:00 horas hasta las 08:00 tiene un coste medio de 3.500 ó 4.000 euros mensuales y, en el caso de contratar a un particular, hay que contemplar la Seguridad Social y las vacaciones. Y el sistema resulta más eficaz. A veces, estos pactos no son suficientes y se producen robos. Todos los materiales de las obras son “apetitosos” para el mercado negro de segunda mano, desde los ordenadores y material de oficina que se guarda en las casetas administrativas, hasta los ladrillos, andamios o carpinterías. Fuentes del sector explican que las pérdidas medias que afrontan las constructoras a causa de estos robos se acercan al 1% del presupuesto total de cada obra. El negocio de esa “seguridad” se ha extendido tanto que en algunos lugares de España existen hasta redes de gitanos coordinadas por un jefe, que se encargan de “controlar” las obras de una zona determinada. Cuando en las obras hay demoliciones, a veces el pago se realiza en especie, es decir, entregando algunos materiales de derribo que son más apreciados, como pueden ser hierros, hilos de cobre, elementos de madera, etc. El dinero negro que esos “vigilantes” perciben de la constructora se blanquea de manera fácil, pues la empresa lo incluye en sus cuentas con cualquier otra justificación. Las constructoras sólo están dispuestas a “entrar en este juego” en el caso de obras privadas, ya que en obras financiadas por la Administración Pública el riesgo a dañar la imagen de la empresa impide a las empresas del sector aceptar estos contratos.