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45.000 funcionarios menos en las autonomías, sobre todo profesores y sanitarios. Las que más han recortado: Murcia (12’7%), Andalucía (6’4%) y Castilla-La Mancha (6’4%)

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Las comunidades autónomas han reducido en 44.540 personas su cuerpo de funcionarios respecto al pasado 2012, un recorte que afecta sobre todo a profesores y sanitarios. Los presidentes autonómicos más austeros han sido Valcárcel en Murcia, Griñán en Andalucía y Cospedal en Castilla-La Mancha.

Desde el comienzo de la legislatura, las políticas de austeridad que ha impuesto el Ejecutivo de Mariano Rajoy han supuesto un recorte de 375.000 plazas de empleo público, tal y como contó en su momento El Confidencial Digital.

Una parte importante de esos ajustes ha recaído sobre las autonomías, y el personal con el que cubren las competencias transferidas de Educación y Sanidad. Así lo reflejan los Registros Centrales de Personal que elabora cada año el ministerio de Hacienda, a los que ha tenido El Confidencial Digital.

En el informe de 2012, la cifra de empleados públicos en autonomías era de 1.351.883, mientras que en el documento de 2013 esa cifra es de 1.307.434 trabajadores, por lo que, de un año a otro, la reducción de funcionarios en las comunidades ha sido de 44.540 personas.

Murcia, Andalucía, y Castilla-La Mancha, las que más

La Región de Murcia ha sido la autonomía que, en términos relativos, más empleados públicos ha perdido en un año: ha prescindido de 6.880 funcionarios, que representan un 12,7% de su plantilla de 2012.

El ajuste en Andalucía, pese al compromiso del bipartito PSOE-IU de mantener el empleo público, ha sido de 16.343 personas (6,4%). En cifras absolutas, ha sido la Junta la que ha experimentado mayor pérdida de funcionarios, de un censo de trabajadores públicos que supera las 238.000 personas.

De acuerdo con los cálculos de los sindicatos, uno de cada tres empleados públicos despedidos en España pertenece a la comunidad presidida todavía por José Antonio Griñán.

En la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por su parte, el recorte ha sido también del 6,4%, con 4.571 empleados menos.

Siguen Cataluña y Madrid

Después de Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, que aglutinan el mayor volumen de recortes, se sitúan Cataluña, con un 1,9% menos de plazas; la Comunidad de Madrid (1,6%) y la Comunidad Valenciana (1,3%).

El único territorio en el que se ha aumentado el número de empleados públicos es Melilla, que ha contratado 214 personas más en 2013 y en total da empleo a 1.505 funcionarios.

Los datos de Cataluña, tal y como avisan desde el ministerio, están pendientes de actualización, ya que en el último recuento alegaron cambios en sus baremos sanitarios.

Vea, a continuación, los mapas con la distribución territorial de empleados públicos por Comunidades Autónomas en 2012 y en 2013:

Profesores y sanitarios, los más afectados

Profesores y sanitarios se han convertido en los colectivos más castigados por los ajustes en el sector público. Representan más del 85% del personal contratado por las administraciones autonómicas, y 8 de cada 10 funcionarios despedidos pertenecen a esas dos áreas. Los más damnificados son los interinos.

En cuanto a los empleados públicos dedicados a la Administración de Justicia o pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad, el número de despidos ha sido mucho menor:

--En Justicia han perdido su empleo tan solo 150 personas, pasando de los 26.772 empleados en 2012 a los actuales 26.422.

--En las Fuerzas de Seguridad el descenso de plazas ha de 1.654. El año pasado había 39.373 trabajadores y en el último registro 37.719.

Los trabajadores en ayuntamientos descienden

Con la reforma de la administración local en el horizonte, no sólo las comunidades autónomas se han visto obligadas a prescindir de personal.

En el caso de los ayuntamientos y diputaciones, la media de despidos está en el 12% en el conjunto de España, con un recorte total en las entidades locales de 47.405 personas respecto a 2012.

Según el ministerio de Hacienda, los consistorios, diputaciones y cabildos insulares cuentan este año con 549.907 trabajadores públicos en todas las escalas. En ese recuento, facilitado por la Tesorería General del Estado, no entran las personas en formación o en prácticas.

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