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Los funcionarios, dispuestos a retirar los recursos contra el Gobierno por la paga extra de Navidad si se sienta a negociar ya la devolución

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Los funcionarios esperan un gesto inmediato del Gobierno. Están dispuestos a retirar todos los pleitos que tienen abiertos en los juzgados de toda España, después de que Hacienda les descontara 44 días de más en la paga extra de Navidad, si el Ejecutivo se sienta con ellos a negociar ya la devolución de la parte devengada.

Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes sindicales, la oferta de los funcionarios se encuentra desde hace varias semanas encima de la mesa del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

El Gobierno ya adelantó hace más de un mes que está estudiando la devolución de los días devengados de la paga extra de Navidad que suprimió en 2012 tras los procedimientos judiciales que advierten que una norma no puede aplicarse con carácter retroactivo.

Retirar los pleitos de los juzgados

Los sindicatos de la función pública han presentado en los últimos meses un aluvión de recursos, donde recuerdan que el derecho al cobro de la paga extraordinaria de diciembre empieza a generarse desde el 1 de junio, y si el real decreto entró en vigor el 14 de julio, entonces los funcionarios tienen derecho a cobrar esos 44 días en los que no era de aplicación.

En el caso del personal laboral, se podrían recuperar entre 14 y 44 días de paga, dependiendo del organismo al que estén adscritos.

Negociar ya mismo la devolución

Pues bien. Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican que los funcionarios están dispuestos a retirar todas esas demandas, con el objetivo también de no colapsar la Justicia, si el Gobierno comienza a negociar ya las devoluciones.

Los funcionarios (incluyendo desde los auxiliares administrativos hasta los cargos directivos) reciben una paga extraordinaria de “unos 1.300 euros de media”, por lo que “el Gobierno deberá abonar alrededor de 250 euros” al ser admitida la reclamación.

Sentencias en contra del Gobierno

La mayoría de las reclamaciones se están resolviendo a favor de los trabajadores, según fuentes de la Administración, por lo que se da por hecho que estas devoluciones van a llegar a más trabajadores de la Función Pública en los próximos meses, conforme se vayan resolviendo a su favor el resto de los recursos presentados con la misma argumentación jurídica.

Pero el Estado no solo tendrá que hacer frente a las devoluciones si lo dicta un juez, sino también deberá asumir las costas procesales, que vienen a incrementar aún más la factura que la Administración estará obligada a desembolsar a favor de los trabajadores.

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