La resistencia de alcaldes y concejales estanca la puesta en marcha de la Ley de Blanqueo de Capitales: no quieren aparecer en la ‘lista de alto riesgo’

Según ha podido saber El Confidencial Digital, el principal motivo de este retraso en la translación y aplicación de la norma europea al ámbito español es la reticencia de los políticos nacionales a aparecer en un registro de ‘Personas Expuestas Políticamente’ o lo que es lo mismo ‘Peps’. La nueva ley amplía el número de sujetos obligados a presentar información sobre su identidad, actividad y transacciones bancarias y financieras, con vistas a limitar al máximo el blanqueo de dinero y otras actividades relacionadas.  

Fuentes legales con acceso al borrador del Anteproyecto de Ley del Blanqueo de Capitales y de la Financiación de Terrorismo destacan que “sin duda ha sido el punto que más ampollas está levantando” ya que, mientras en Europa el listado de ‘peps’ se limita a altos cargos y ex presidentes y ex ministros, en España se pretende ampliar el catálogo para incluir los tres niveles de la Administración Pública, de forma que se incluyan desde el presidente del Gobierno hasta los alcaldes y concejales municipales.  

“Una peculiaridad en España es cuanto menor es el escalón en el organigrama político, mayor es la exposición y proximidad a las tramas de corrupción, especialmente urbanística e inmobiliaria, algo que en Europa no entienden”, explica a este confidencial un catedrático de derecho de una conocida universidad madrileña.  

“A nadie le gusta aparecer en ninguna lista y mucho menos en una como esta que implica ciertos riesgos o cargas negativas” añaden varios legisladores consultados al respecto. “Se han propuesto varias opciones, como incluir sólo a los cargos más relevantes y hasta pasado un tiempo de terminado desde su ejercicio, hasta la última que ha llegado al Gobierno de poner el freno en los cargos electos a nivel local”.  

El problema, resumen desde varios despachos de abogados y asesores, es ponerle fin a un listado que podría incluir a familiares, socios, colaboradores, etc. “de cualquier concejal de un pequeño pueblo”.  

“Las nuevas obligaciones de información pretenden favorecer la transparencia de las operaciones empresariales entre los directivos, empleados y agentes para que éstos puedan denunciar cualquier indicio de infracción ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias”, concretan funcionarios de Hacienda.  

Otra complicación añadida es que a fecha de hoy, no existen bases de datos de este tipo, “por lo que se va a generar un negocio paralelo para suministrar esta información que dejará fuera del circuito a muchos pequeños y medianos despachos que no podrán permitírselas” auguran. “A ver cómo se compaginan esta necesidades de información e identificación con la normativa de Protección de Datos”, se preguntan en ámbitos jurídicos y financieros. 

Por su parte, las empresas u organizaciones tendrán la obligación de guardar los documentos referentes a las distintas operaciones durante un periodo mínimo de diez años y de designar a un representante encargado de los documentos y de las relaciones con el Servicio Ejecutivo de la Comisión. “Se dará un plazo de dos ó tres años para que dé tiempo a escanear todo este material, ya que se exigirá en formato digital” adelantan desde el Ministerio de Justicia. 

Mientras, el calendario que se maneja en el Gobierno para el arranque del proceso de aprobación del Anteproyecto de Ley del Blanqueo de Capitales y de la Financiación de Terrorismo y al que ha tenido acceso ECD es el siguiente: llegará al Consejo de Ministros a finales de este mes, se remitirá inmediatamente a las Cortes para su aprobación y entrará en vigor “no antes de finales del primer trimestre” de 2010, esto es, hacia marzo del próximo año. Tanto el Consejo Fiscal como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya le dieron su visto bueno al anteproyecto a finales de septiembre, por lo que el ‘OK’ del Consejo de Ministros y del Banco Central Europeo “se está esperando como agua de mayo para poder remitirlo al Parlamento” apuntan fuentes gubernamentales.