CCOO convoca movilizaciones el 8 de abril para exigir una subida salarial en el empleo público
El sindicato demanda al Ministerio de Función Pública el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Marco y una mejora salarial inmediata con efectos retroactivos
El sindicato CCOO ha anunciado que el próximo 8 de abril se llevará a cabo una jornada de movilizaciones a nivel nacional para exigir una mejora salarial en el ámbito del empleo público. Esta acción busca presionar al Ministerio de Función Pública para que cumpla con los compromisos establecidos en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, que incluye la subida salarial del 0,5% adicional con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.
Asimismo, CCOO demanda la convocatoria inmediata de una mesa de negociación para firmar un nuevo acuerdo plurianual que permita recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores públicos en los últimos años.
Con el crecimiento económico actual y la inflación aún presente, CCOO considera esencial que los salarios del sector público se actualicen de manera acorde con la situación económica. Por ello, el sindicato propone una subida salarial significativa para 2025, aplicable de forma inmediata y con efectos retroactivos a enero de 2024, desvinculada de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Esta propuesta tiene como objetivo principal la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos, que ha sufrido una pérdida considerable en los últimos tiempos.
La movilización del 8 de abril responde a lo que CCOO percibe como un incumplimiento de los compromisos previamente asumidos por el gobierno y una falta de acción para abordar la situación de los empleados públicos. El sindicato insiste en que el Ministerio de Función Pública debe convocar una mesa de negociación que permita discutir y firmar un nuevo acuerdo que refleje las necesidades y reivindicaciones de los trabajadores del sector público.
Con esta serie de movilizaciones, CCOO no solo busca una mejora salarial inmediata, sino también un acuerdo a largo plazo que asegure mejores condiciones laborales y salariales para los empleados públicos, quienes desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento de la Administración pública y el bienestar de la sociedad.