El ICAM advierte que la reforma de la LOREG podría afectar libertades fundamentales
El Colegio de la Abogacía de Madrid presenta alegaciones para mejorar el anteproyecto y proteger derechos clave
- Debates electorales y derecho a no comunicar
- Neutralidad informativa en medios privados
- Protección de datos en encuestas electorales
- Criterios más flexibles para los debates
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado sus alegaciones al anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), con el objetivo de garantizar el respeto a derechos fundamentales como la libertad de expresión, el pluralismo político y la libertad de prensa. El plazo de audiencia pública concluyó el 26 de junio.
Según el análisis jurídico del ICAM, aunque la reforma persigue reforzar la transparencia y calidad democrática del sistema electoral, varios artículos podrían suponer una limitación desproporcionada de derechos esenciales durante los procesos electorales.
Por ello, el Colegio insta a revisar el texto para ajustarlo al marco constitucional y al Paquete Europeo “Defensa de la Democracia”.
Debates electorales y derecho a no comunicar
Uno de los puntos clave cuestionados por el ICAM es la obligación de los candidatos de asistir a debates en medios públicos (art. 66.3).
Según el Colegio, esta medida podría vulnerar el derecho a no comunicar, forma negativa de la libertad de expresión.
Además, advierte que podría dar lugar a decisiones arbitrarias por parte de la Junta Electoral. En su lugar, propone una recomendación no coercitiva y permitir informar sobre ausencias sin etiquetarlas como “justificadas” o “injustificadas”.
Neutralidad informativa en medios privados
El ICAM también critica que se imponga a medios privados la obligación de respetar principios como la neutralidad o proporcionalidad (art. 66.4), bajo supervisión de la Junta Electoral.
A juicio del Colegio, esta medida supone una intromisión en la libertad editorial y de prensa. La alternativa sugerida es limitar la regulación a medios financiados con fondos públicos, y exigir a los privados únicamente el respeto a la legislación vigente.
Protección de datos en encuestas electorales
Otra de las preocupaciones del ICAM se refiere a la obligación de publicar microdatos anonimizados de encuestas (art. 69.1.b). Considera que esta medida puede conllevar riesgos de reidentificación y desalentar la investigación privada.
Propone que dicha publicación sea opcional o se subordine a estándares técnicos avalados por la Agencia Española de Protección de Datos.
Criterios más flexibles para los debates
El concepto de “grupo político significativo” también es objeto de crítica. El anteproyecto limita la participación en debates a formaciones con al menos un 5 % de los votos válidos.
El ICAM argumenta que este umbral podría discriminar a partidos emergentes y propone criterios más abiertos como el respaldo ciudadano o la representación institucional.