La mediación laboral se consolida en Andalucía como alternativa a los litigios judiciales
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha presentado junto a la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Córdoba, Carmen María Castro Coto, un convenio pionero firmado entre la Consejería y el Consejo Andaluz de Graduados Sociales, que tiene como objetivo promover la mediación laboral en conflictos laborales que ya han sido judicializados.
Este acuerdo, el primero de su tipo en España, busca ofrecer una segunda oportunidad para el diálogo y el acuerdo en casos como despidos, reclamaciones salariales y otros conflictos laborales, con el fin de reducir la carga de trabajo de los juzgados de lo Social, donde los procedimientos pueden prolongarse durante años.
Nieto ha apelado a la "colaboración y confianza" de los jueces de lo Social para garantizar el éxito de esta vía alternativa de resolución de disputas. Asimismo, ha instado a empresas y trabajadores de Córdoba a aprovechar la experiencia de los graduados sociales en Derecho laboral para explorar la mediación, calificando esta iniciativa como "el proyecto estrella del 2025".
La mediación, que se basa en el diálogo y el acuerdo entre las partes, es una opción más rápida, eficaz y económica para resolver disputas laborales, lo que contribuye a reducir los plazos de los procesos judiciales y a aliviar la sobrecarga de los juzgados. Por eso, el consejero ha defendido esta vía como una alternativa a explorar, especialmente con la ayuda de profesionales especializados como los graduados sociales.
Para implementar este proyecto, la Consejería ha suscrito un convenio con el Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales, que contempla una experiencia piloto en la que los juzgados de lo Social, a través de los Puntos de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA), remitirán los casos susceptibles de mediación a una bolsa de graduados sociales voluntarios que actuarán como mediadores.
El Colegio de Graduados Sociales de Córdoba, al igual que los demás colegios provinciales de la región, creará una Comisión de Mediación encargada de designar a los profesionales que formarán parte de esta bolsa y de supervisar las mediaciones realizadas. Los técnicos del PIMA, ubicados en la Ciudad de la Justicia, serán los encargados de realizar la primera sesión informativa con las partes implicadas, y si ambas partes aceptan, derivarán el caso a los mediadores del Colegio de Graduados Sociales.
Sin juzgados nuevos en 2025
El consejero de Justicia ha lamentado que estas medidas no se vean arropadas por el Ministerio de Justicia, "al que reclamamos 56 nuevos juzgados para 2025, pero la respuesta ha sido cero". "Nunca se había dado una respuesta tan cicatera y dañina, con la excusa de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia", publicada recientemente en el BOE, y que va a suponer una transformación de la actual organización de la Justicia. "La Ley no trae los presagios más favorables, porque esto es un 'yo invito y tú pagas'", puesto que "el Gobierno deja solas a las comunidades autónomas, con un plazo muy corto”.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Córdoba ha agradecido a la Junta "la confianza depositada, con un convenio pionero en España, ya que esta jurisdicción ha sido siempre la gran olvidada". Castro Coto ha afirmado que es necesario "que la sociedad cambie el chip" y dar una oportunidad a la mediación. Igualmente, ha pedido la colaboración del resto de operadores jurídicos para lograr este impulso: "nosotros solo actuamos como mediadores entre las partes, que se sentarán con sus respectivos representantes".