Nuevas guías para la tasación de costas y un procedimiento de amparo para abogados
El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha aprobado la creación de un equipo de trabajo encargado de desarrollar un modelo de criterios orientativos para la tasación de costas y la jura de cuentas. La meta es tener listo este modelo para que esté disponible para todos los colegios de abogados en el primer trimestre del próximo año.
De manera paralela, el Consejo se ha comprometido a tener listo un procedimiento común para regular la tramitación de solicitudes de amparo colegial. Este mecanismo estará dirigido a los abogados que consideren que han sido "perturbados o presionados en el ejercicio de sus funciones", tal y como estipula la nueva Ley Orgánica del Derecho de Defensa (LODD), que entrará en vigor el próximo 4 de diciembre.
Salvador González, presidente de la Abogacía Española, explicó durante la reunión que, una vez entre en vigor la LODD, los colegios de abogados tendrán la obligación de proporcionar a los ciudadanos criterios estimativos para conocer los posibles costes económicos de iniciar un litigio, especialmente en aquellos casos en los que los tribunales desestimen las demandas. Además, los colegios deberán gestionar las solicitudes de amparo de los abogados conforme al procedimiento que se establezca.
La práctica de establecer criterios orientativos de honorarios en los colegios de abogados es una tradición histórica que fue suspendida tras una sanción de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) a varios colegios por presuntas infracciones de las normas de competencia. Sin embargo, la LODD, recientemente aprobada, reconoce el derecho de los ciudadanos a conocer los posibles costes de las acciones legales, en caso de que tengan que asumir el pago de los honorarios de la parte contraria si resultan condenados.
Desde la abogacía se considera que la inclusión de este artículo en la LODD, impulsado por el propio Consejo General, representa un avance significativo en la consolidación de un derecho fundamental. La existencia de estos criterios orientativos proporcionará mayor seguridad jurídica y evitará la arbitrariedad en el establecimiento de las costas, que actualmente pueden variar según el juzgado que se encargue del caso. Además, la creación de estos criterios contribuirá a reducir los tiempos de liquidación y pago de las costas procesales, mejorando la eficiencia del sistema judicial y permitiendo que los ciudadanos tomen decisiones informadas sobre las posibles consecuencias económicas de sus acciones legales.
En cuanto al amparo colegial, aunque ya estaba contemplado en el Estatuto General de la Abogacía de 2021, la LODD lo convierte en una obligación legal, lo que refuerza su validez y otorga al Consejo General y a los colegios la capacidad de establecer la normativa correspondiente para su implementación.