El ‘lawfare’ no está en los juzgados comunes

La afirmación de que el lawfare o guerra jurídica se circunscribe a las altas esferas y no a juzgados de ámbito local o provincial, refleja la naturaleza intrínseca y estratégica de este fenómeno. El lawfare no es simplemente un error o una mala praxis judicial aislada; es una instrumentalización deliberada del sistema de Justicia con un fin político, reputacional o de deslegitimación contra figuras de poder.

Este tipo de guerra legal requiere un ecosistema de poder institucional y mediático que solo existe en las capitales y en las instancias superiores de la Justicia. Las estrategias de lawfare se dirigen a líderes políticos, altos magistrados, grandes corporaciones o medios influyentes, pues solo así se consigue el objetivo final: el desgaste público y la neutralización del adversario, a menudo utilizando la cobertura mediática masiva como arma fundamental.

Un juzgado de Toledo o de una localidad pequeña gestiona la Justicia ordinaria, donde los errores, los retrasos o las decisiones cuestionables se enmarcan en las deficiencias del sistema diario. 

Estos tribunales carecen del alcance jurisdiccional, la visibilidad y el acceso coordinado a las estructuras de poder necesarias (Fiscalías superiores, órganos de gobierno judicial o servicios de inteligencia) para orquestar una campaña sofisticada de persecución o descrédito a nivel nacional. 

Por lo tanto, el lawfare es, por definición, una cuestión de poder centralizado que utiliza la ley como campo de batalla para conflictos que trascienden lo estrictamente judicial.