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Atención, llega el inspector Domínguez. Terremoto en Telecinco por la visita sorpresa del funcionario de Trabajo a Fuencarral: nadie en el plató que no tenga contrato laboral

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Si hay un hombre temido en este momento en el sector audiovisual ese es el de José Ignacio Domínguez García de Paredes, director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Lleva más de un año pasando revista a productoras y cadenas. Su última visita a Telecinco provocó un auténtico terremoto.

Ocurrió el pasado mes de diciembre. El inspector Domínguez se presentó por sorpresa en las instalaciones de Fuencarral para comprobar que todo marchaba de acuerdo a la legislación vigente y no se estaba cometiendo ninguna irregularidad.

Fuentes presenciales consultadas por El Confidencial Digital explican que en los pasillos de Telecinco se vivieron aquel día momentos de tensión y alguna carrera. El inspector Domínguez, conocido en el sector como “el talibán” exigió conocer todos los detalles de la situación del grupo Mediaset España.

De repente, desde los despachos de Fuencarral llegó una orden a todos los programas: ningún colaborador que no tenga contrato laboral se sentará en el plató. Se trató de una disposición de aplicación inmediata. Es decir, el mismo día que en que el inspector Domínguez llegaba a Fuencarral no debía haber ningún colaborador con relación mercantil.

¿Quién es el inspector Domínguez?

José Ignacio Domínguez es un inspector que ha sancionado a todas las productoras audiovisuales con sede en Madrid en el último año y medio. Ninguna se ha librado. Su objetivo es vigilar estrechamente estos tres puntos:

a) El contrato por obra, utilizado habitualmente para emplear a profesionales sólo durante el tiempo que dura el formato de ficción o entretenimiento encargado.

b) La incorporación de autónomos a esos proyectos.

c) La subcontratación: la inspección advierte que puede ser una ‘cesión ilegal de trabajadores’ contratar a personal de terceras empresas como especialistas de figuración, eléctricos, mantenimiento…

Antes de trabajar en las auditorias de las productoras audiovisuales, Domínguez se encargó del caso que afectó a los grandes despachos de abogados de nuestro país. En el año 2005, el inspector decidió actuar contra los principales bufetes a raíz de una demanda presentada por un letrado que alertó sobre los llamados ‘falsos autónomos’, es decir, trabajadores que figuraban por cuenta propia pese a desempeñar una tarea para un único empleador.

Tras constatar que se trataba de una práctica extendida en el sector, Domínguez levantó actas de infracción por valor de varios millones de euros. Algunos decidieron hacer los deberes, como la firma Cremades & Calvo-Sotelo que regularizó la situación de sus 60 abogados.

Amparado en una sentencia del Tribunal Supremo, la inspección de Trabajo decidió exigir a los bufetes las cuotas que no habían pagado a la Seguridad Social en los últimos cuatro años. El monto total de esa deuda ascendía a unos 24 millones de euros.

Cuando la Inspección inició procedimientos liquidadores contra varios despachos, el lobby de los letrados pasó a la acción. Con gran eficacia, por cierto: el PSOE promovió un cambio legislativo, a través de una enmienda a un proyecto de ley sobre otra cuestión que supuso, de hecho, una amnistía. Los abogados pasaron a ser considerados, eso sí, ‘trabajadores especiales’.

José Ignacio Domínguez también ha trabajado en otras categorías profesionales: ha abordado el caso de los dentistas contratados por las grandes clínicas, los médicos, el colectivo contratado por los estudios de arquitectos…

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