Tras largos años de batalla en los tribunales

El Constitucional rechaza el recurso de amparo del Grupo Prisa por irregularidades en el pago del impuesto de sociedades

El Tribunal Constitucional no da la razón al Grupo Prisa. La compañía mantenía un recurso de casación por una sentencia que le condenaba por irregularidades en el pago del impuesto de sociedades. La dirección ya provisionó el importe de la sanción.

Sede del Grupo Prisa en la Gran Vía de Madrid.
Sede del Grupo Prisa en la Gran Vía de Madrid.

Han sido largos años de batalla judicial en tribunales, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y, por último, Tribunal Constitucional. El Grupo Prisa ha mantenido un largo litigio contra el estado por una sanción que le impuso Hacienda respecto a irregularidades detectadas en el pago del impuesto de sociedades el ejercicio 2001.

En un primer momento, la Audiencia Nacional anuló la sanción. Pero la Abogacía del Estado, en representación de Hacienda, ha continuado batallando legalmente.

Más tarde fue el Supremo quien inadmitió el recurso de casación presentado por el Grupo Prisa y fue entonces cuando los abogados de la compañía acudieron al Tribunal Constitucional.

El 1 de diciembre de 2011 solicitaron amparo apelando, con una extensa argumentación, a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución, en su variante de acceso al recurso legal, por rigorismo y formalismo al inadmitir el recurso de casación.

Ahora, la sala primera del Tribunal Constitucional, compuesta por los magistrados Francisco Pérez de los Cobos, Luis Ignacio Ortega, Encarnación Roca, Andrés Ollero, Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol, ha decidido inadmitir este recurso de casación presentado por el Grupo Prisa.

La sentencia contiene un voto particular, el del magistrado Luis Ignacio Ortega, que considera que “hubiera debido ser estimatoria por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva”.

Hay que recordar que Hacienda ha exigido 60 millones de euros al Grupo Prisa en los tribunales por irregularidades en el impuesto de sociedades y en el IVA. La compañía llegó a provisionar hasta 18 millones de euros para afrontar los posibles pagos.

 

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