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Incierto futuro para el diario Público. Jaume Roures se plantea cerrar el periódico, editarlo sólo en internet o apostar por el papel sólo los fines de semana

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La noticia saltó este martes: la empresa editora del diario Público, Mediapubli, ha solicitado judicialmente la declaración de concurso voluntario de acreedores. Ahogado por las deudas, Jaume Roures maneja ahora tres escenarios posibles para el futuro del periódico.

Según ha sabido El Confidencial Digital, la situación se volvió inviable tras la negativa de las cajas de ahorro a seguir financiando con créditos a la compañía. La deuda hizo insostenible la situación. Los trabajadores de la casa, por ejemplo, no han recibido aún la nómina de diciembre y cobraron con retraso la paga extra de Navidad.

La situación concursal, sin embargo, abre nuevas incógnitas. Las plantas de impresión y las empresas de distribución van a tener que esperar ahora, pacientemente, el cobro de lo que se les adeuda. No les queda otra. Pero ya han manifestado que no están dispuestas a seguir como hasta ahora y soportar más impagos. Es el mensaje que han hecho llegar a la directivos de Mediapubli.

Las fuentes consultadas por ECD en la empresa aseguran que Jaume Roures maneja ahora tres opciones sobre el futuro del diario:

a) En primer lugar, no descarta en absoluto un cierre total del periódico. Esta decisión sólo se adoptaría en caso extremo.

b) La segunda opción es mantener el periódico sólo a través de su edición en Internet. Sería una medida quizás temporal, a la espera de una recuperación de los ingresos publicitarios y contando precisamente con el incremento paulatino de las campañas en la web informativa.

c) La tercera alternativa que maneja Roures es mantener una edición en Internet, de lunes a viernes, y apostar por imprimir el periódico sólo los fines de semana, los días de mayor consumo de periódicos y cuando los anuncios se pueden cobrar más caros.

Mientras tanto, en la redacción del diario se viven días de angustia, incertidumbre y desazón. Hay quien se lamenta por no haberse acogido al plan de bajas incentivadas que aprobó en octubre el Ministerio de Trabajo y que supuso la salida de 29 profesionales: ellos cobraron un finiquito que comprendía entre 35 y 45 días por año trabajado.

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