Patrimonio Nacional guarda silencio ante la denuncia por acoso laboral en Zarzuela
Una limpiadora con discapacidad y 36 años de servicio lleva a juicio a la Casa del Rey y a Patrimonio por acoso y vulneración de derechos fundamentales
Patrimonio Nacional ha optado por el silencio frente a la polémica judicial que sacude al Palacio de la Zarzuela. “En este caso no podemos ayudar. No hay comentarios”, fue la escueta respuesta a Monarquía Confidencial al ser consultados sobre la denuncia presentada por una trabajadora con discapacidad que acusa a una superiora de acoso laboral y señala la responsabilidad tanto de la Casa del Rey como del organismo público.
Un juicio sin precedentes contra la Casa
Tal como adelantó eldiario.es, se trata de un juicio sin precedentes contra la Casa del Rey. La demandante, limpiadora en el anexo donde reside la reina emérita doña Sofía, tiene reconocida desde 2022 una discapacidad física del 33% a raíz de un accidente laboral y varias operaciones.
A sus 55 años y tras más de tres décadas de servicio en Patrimonio Nacional, ha decidido dar el paso y denunciar lo que considera un hostigamiento continuado y la vulneración de derechos como la igualdad, la integridad física y moral, y la tutela judicial efectiva.
Vista judicial y reclamaciones
El juicio, celebrado en el Juzgado de lo Social nº 51 de Madrid, quedó visto para sentencia este viernes. Manuela reclama una indemnización de 82.931 euros.
En la vista, la Abogacía del Estado defendió a Patrimonio Nacional y a la Casa del Rey, negando los hechos y pidiendo la desestimación de la demanda.
A favor y en contra
Durante el juicio declararon testigos a favor y en contra de la versión de la trabajadora: compañeras de limpieza y representantes sindicales, por un lado; y la gobernanta de Palacio junto a la delegada de Patrimonio en El Pardo, Amaya Herrero, por el otro.
El incidente de las perreras
El incidente clave señalado por las defensas fue un altercado ocurrido en febrero en las perreras de Zarzuela, que Patrimonio archivó como un hecho “aislado”. Sin embargo, la denunciante sostiene que fue parte de un patrón de menosprecio y marginación y de la falta de adaptación de su puesto a su discapacidad.
El juicio abre un frente inédito para la Casa del Rey y Patrimonio Nacional. A la espera de la sentencia, el silencio oficial contrasta con el eco público de un caso que interpela de lleno a la gestión de los derechos laborales en las instituciones del Estado.