El Gobierno no ha querido que el juez del “caso Malaya” siga más allá por miedo a revelaciones peligrosas
El destino del juez Miguel Ángel Torres, instructor del sumario del “caso Malaya”, a la audiencia de Málaga, dejando así el trabajo que con tanta intensidad ha desarrollado en relación con la corrupción en Marbella y la Costa del Sol, tiene un importante trasfondo político.
Le cuentan a El Chivato que el magistrado había mostrado, a la superioridad, su deseo de continuar en comisión de servicio al menos durante un año más, con el fin de ultimar las líneas que ya estaban abiertas y, sobre todo, llegar a implicados que ahora están todavía fuera. La sorpresa ha sido que esa petición haya resultado descartada.
En fuentes judiciales se apunta que, de haberle permitido apurar las líneas que se estaban investigando, habrían aparecido como implicados en la corrupción urbanística destacados personajes de Andalucía, incluido algún político de campanillas.
La interpretación que se hace, en dichos ámbitos judiciales, del traslado de juez Torres, es que el Gobierno (a través del Ministerio de Justicia) no ha querido que las cosas vayan a más, precisamente para evitarse revelaciones políticamente peligrosas. Al parecer, el magistrado estaba convencido de que, si le dejaban continuar la instrucción, en ese plazo de un año, quedarían imputados algunos “peces gordos”, entre ellos políticos, que ahora muy posiblemente se van a librar.
