El PP valenciano está abochornado con las facturas de Eva Ortiz
La Comunidad Valenciana se ha convertido en uno de los principales problemas para la dirección nacional del PP. No sólo ya por las acusaciones de financiación ilegal del que fuera ex número dos regional, Ricardo Costa.
En Génova temen una debacle electoral en las autonómicas de 2019. Por ello, Rajoy y Cospedal preparan cambios después de esa cita con las urnas. La elegida para sustituir a la actual líder del partido, Isabel Bonig, es la portavoz adjunta en las Corts valencianas, Eva Ortiz.
En medio de esta tormenta, la última denuncia del PP contra la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, se le acaba de volver en contra a Ortiz.
Una de las empresas señaladas en el escrito presentado ante la Fiscalía por un presunto “fraccionamiento ilegal” de contratos menores y que ha provocado la apertura de diligencias de investigación penal, fue fundada y pertenece al edil popular del Ayuntamiento de Elche Luis Ángel Mateo Miralles.
Un fleco que la dirección del partido desconocía, según se ha visto obligada a reconocer Eva Ortiz, y que en el escrito describe ella misma como “sociedad a la que reiteradamente se recurre para estos encargos”.
Las reacciones internas no se han hecho esperar. Según le ha llegado El Chivato, alcaldes del PP de importantes municipios valencianos se han llevado las manos a la cabeza, al comprobar cómo la candidata a suceder a Bonig “la ha vuelto a liar con las facturas”.
La regidora de una localidad en la que el PP gobierna desde hace años con mayoría absoluta confiesa que no se lo puede creer. “No es la primera vez que nos pasa”, exclama con cierta indignación. “Si es que no es tan difícil: sólo tienen que leer las facturas”, protesta.
Recuerda con bochorno que, hace sólo dos semanas, la propia Ortiz reclamó al presidente de las Corts valencianas, Enric Morera, que devolviera el dinero gastado en un viaje y alojamiento en Palma de Mallorca, ciudad a la que acudió en 2016 para declarar en calidad de testigo por el caso Nóos.
Sin embargo, Morera pudo demostrar sólo unas horas después, con la difusión del recibo de una tarjeta de crédito y las facturas, haber pagado de su bolsillo los 355 euros que costó el desplazamiento.
En realidad, los gastos denunciados por Eva Ortiz (710 euros) correspondían al escolta de Morera (los servicios de seguridad decidieron que un agente debía acompañarle) y a un miembro de su gabinete. “Otra vez, sólo con haber mirado bien los nombres de las facturas, no hubiéramos hecho semejante ridículo”, recrimina esta alcaldesa.
