El fatalismo y la justificación de la intervención en Siria

No ha sido la primera vez en que se han utilizado armas químicas en el conflicto sirio y tampoco la primera vez en que Obama afirmara que se habían traspasado las “líneas rojas”. Por tanto, y por una cuestión de credibilidad en su política exterior, el presidente americano está preparado para dar una respuesta armada en Siria que consistirá en una serie de bombardeos selectivos, en los que no se buscará tanto destruir el arsenal químico de Asad, algo tan arriesgado como incierto, sino golpear al régimen a modo de advertencia para que no vuelva a emplear esas armas. Estos objetivos limitados recuerdan un poco el “método Clinton” de bombardeos en Sudán y en Afganistán en 1998, en represalia por los ataques de Al Qaeda a las embajadas americana en Kenia y Tanzania, la operación “Zorro del desierto” de americanos y británicos del mismo año contra objetivos militares en Irak, pero también nos recuerdan la campaña aérea de Kosovo en 1999 con sus “cero bajas” para los miembros de la OTAN, pero que conllevó setenta y siete días de bombardeos, en los que no faltaron los temidos daños colaterales y en los que el ejército serbio se dedicó a camuflar los posibles objetivos de los ataques aéreos. Sin embargo, el conflicto de Kosovo dio lugar a un despliegue posterior de tropas de la Alianza sobre el terreno amparadas en un mandato de la ONU, si bien el desenlace de los hechos no fue la caída de Milosevic que sólo se produjo al año siguiente por una revolución interna.

Con todo, la Casa Blanca parece pensar en el precedente de Kosovo para justificar una acción armada para la que nunca obtendrá un mandato expreso del Consejo de Seguridad por el veto de Rusia y China, aferradas al principio de la soberanía de los Estados y la no interferencia en sus asuntos internos como base fundamental del Derecho Internacional. Pero pese a no contar con el mandato de la ONU, no se producirá una fractura en el mundo occidental como en la guerra de Irak de 2003, entre otras cosas porque el objetivo no es el cambio de régimen. No habrá ninguna resolución, como la 1973 del Consejo de Seguridad sobre Libia, que se acoja al principio de la responsabilidad de proteger a la población civil, y americanos y europeos se acogerán a disposiciones genéricas, que no les otorgan un mandato expreso de intervención, aunque les sirven de arsenal legal para justificarse en una operación limitada que, en el caso de Obama, estaría destinada a responder a esa gran mayoría de la opinión pública nacional y internacional que critican su inacción en Siria. Desde la óptica de algunos gobernantes occidentales, la intervención está fatalmente determinada. No cabe escapar a ella porque hay que “salvar la cara”. Pero esta actitud responde a tácticas a corto plazo, y no a una estrategia más ambiciosa en el conflicto sirio.

Es significativa la intervención del presidente Hollande en la XXI Conferencia de los Embajadores Franceses, con estas palabras: “El Derecho Internacional debe evolucionar con su tiempo. No debe ser un pretexto para dejar que se perpetren masacres masivas. Por eso reconozco el principio de la responsabilidad de proteger a las poblaciones civiles que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado en 2005”. No ha hecho Hollande una referencia expresa a la Convención sobre Armas Químicas (1993), probablemente porque Siria nunca ha sido parte en dicha Convención, y el líder socialista se basó, en cambio, en la Documento Final de la Cumbre Mundial de la ONU de 2005, una resolución de la Asamblea General que fue adoptada por el método del consenso, y que se refiere a la responsabilidad de proteger a los civiles en los párrafos 138-140, si bien este asidero legal no admite demasiados resquicios porque insiste en que cada Estado tiene la responsabilidad primaria de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Pero las medidas colectivas que pueden adoptar los Estados siguen remitiendo al Consejo de Seguridad. Hay sólo una referencia muy genérica a que “La comunidad internacional debe, según proceda, alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad”. El problema reside, como cabía esperar, es cómo se pone en práctica, la responsabilidad de proteger, y de los informes sucesivos del Secretario General sobre esta cuestión no se deduce una solución al margen de la Carta de las Naciones Unidas. Dice el informe de 2009: “Si resulta evidente que un Estado no protege a su población, la comunidad internacional debe estar dispuesta a adoptar medidas colectivas para hacerlo, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”. De ahí que uno de los efectos de la intervención en Siria, por muy limitada que sea, será minar, otra vez más, la credibilidad de las Naciones Unidas, que serán presentadas una vez más como el refugio de los dictadores de toda índole, aferrados a un inamovible soberanismo. Recordemos que en septiembre de 2012 sólo participaron 58 Estados miembros de la ONU y una organización regional en un debate sobre la responsabilidad de proteger.

Pero pasada la euforia inicial del “por fin hemos hecho algo”, con referencias muy genéricas a la legalidad internacional, el conflicto de Siria no habrá finalizado. Probablemente se tratará de reconducir el asunto a una segunda conferencia de Ginebra, en la que seguramente la oposición siria, o quienes dicen representarla, tenga una posición de fuerza mayor en la mesa de negociaciones que la previa a la intervención occidental cuando Asad, que lucha por su vida, aparecía como el próximo vencedor del conflicto. La intervención occidental tendrá en cuenta también estos cálculos.

 
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