Lo que no fue violencia política
El mismo día que Inés Arrimadas pronunció su último discurso en el Parlament de Cataluña, en 2019, en la acera frente a su casa descubrió una pintada: “Passi-ho bé, Inés!”, junto a varios lazos amarillos independentistas.
A Begoña Villacís la acosaron e insultaron decenas de personas en la Pradera de San Isidro ese mismo año. La vicealcaldesa de Madrid estaba en ese momento embarazada.
Algo similar sufrió Cristina Cifuentes, que siendo delegada del Gobierno en Madrid se topó por su barrio con una manifestación y acabó teniendo que refugiarse en un restaurante, ante los gritos, escupitajos y amenazas de un grupo de radicales de extrema izquierda que la rodearon.
Cuando Cifuentes se encontraba ingresada en la UCI y conectada a ventilación mecánica en el Hospital de la Paz, tras sufrir un accidente de moto, trabajadores del hospital se manifestaron ante el centro “contra la privatización de la sanidad pública” y gritaron consignas para que Cifuentes fuera trasladada a un hospital privado.
El mitin electoral de Vox en Vic (Barcelona) en febrero de 2021 acabó con decenas de independentistas radicales destrozando las furgonetas del partido. Uno se llegó a encaramar a un vehículo en marcha para seguir golpeándolo.
Otro de mitin de Vox, en este caso en Sestao (Vizcaya) en 2020, fue reventado a pedradas por militantes abertzales. A la diputada Rocío de Meer le hicieron una brecha en una ceja con una de esas piedras.
También a pedradas y botellazos atacaron manifestantes de extrema izquierda un acto de Santiago Abascal en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Dos simpatizantes y un diputado de Vox resultaron heridos.
Tras ese incidente, radicales de izquierda escenificaron la “desinfección” de la plaza donde se había celebrado el mitin. Independentistas radicales hicieron lo mismo, y con trajes de protección echaron lejía y fregaron allí donde se habían celebrado actos de Ciudadanos en Vic y de Vox en Oñate (Guipúzcoa).
Mariano Rajoy recibió un puñetazo en la cara en la campaña electoral de diciembre de 2015 cuando paseaba por Pontevedra. Se lo dio un joven de 17 años que se movía entre grupos “antifascistas” e independentistas gallegos.
En las sedes del PSC en Barcelona, Terrasa, Berga, Sant Boi de Llobregat, Casteldefells, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts... pintaron insultos, amenazas e incluso dianas, y alguna ha sido atacada con artefactos incendiarios.
Los locales de Ciudadanos en Barcelona, Santiago de Compostela, Alcorcón y Madrid han sido vandalizados; el de L’Hospital de Llobregat llevaba en 2020 ya 17 ataques con pintura. También sedes del PP en Cataluña han sido objeto de ataques.
Una docena de encapuchados dieron una paliza a un estudiante de la Universidad del País Vasco en 2018, cuando salía de una reunión de una asociación a favor de la unidad de España.
Al hijo del presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, le amenazaron de muerte mientras jugaba un partido de fútbol en Guernica, y le agredieron en las fiestas de Guecho.
El negocio de la madre de Albert Rivera sufrió durante años pintadas amenazantes, en una repetición en Cataluña de lo que ocurrió, una y otra vez y con carácter más grave, con la tienda de la familia Abascal en Amurrio (Álava). Allí incluso pintaron “Gora ETA” en el lomo del caballo de Santiago Abascal padre.
Prácticamente todos los actos de las asociaciones juveniles contrarias a la independencia Joves Societat Civil Catalana y S’ha Acabat! en la Universidad Autónoma de Barcelona han sido reventados por una turba de independentistas de extrema izquierda, que han destrozado sus carpas, robado y quemado sus banderas y agredido a los jóvenes miembros de estas asociaciones.
Padres de un colegio de Balaguer (Lérida) le hicieron la vida imposible a la familia de un alumno que había ganado en los tribunales el derecho a recibir una educación bilingüe, y estudiar al menos del 25% de las asignaturas en castellano, y no sólo en catalán. La familia acabó marchándose de Balaguer. El caso se repitió cuando varias familias de un centro de Canet de Mar (Barcelona) consiguieron sentencias similares.
Miembros de las juventudes de ERC enviaron a Albert Rivera una carta con su foto, y una bala atravesada con pintura roja.
La hija de Josep Ramón Bosch, primer presidente de Societat Civil Catalana, fue acosada al grito de “nazi, fascista” en una fiesta en su pueblo. La empresa en la que trabajaba recibió miles de correos electrónicos de independentistas que reclamaban que fuera despedido. También le hicieron pintadas en su casa.
Dos voluntarias de la plataforma ‘Barcelona con la Selección’ fueron agredidas físicamente por varios ultras independentistas cuando se encontraban en una carpa para promover su propuesta de que la Selección Española jugara un partido oficial en Cataluña. Las empujaron, las tiraron y arrastraron por el suelo, las tiraron del pelo al grito de “putos españoles”... Los atacantes fueron condenados a varios meses de cárcel.
Dirigentes y militantes de Ciudadanos tuvieron que ser escoltados por la Policía cuando manifestantes de la marcha del Orgullo Gay de 2019 en Madrid les amenazaron, empujaron, golpearon y lanzaron objetos para expulsarlos del acto.
Unos muñecos blancos que representaban a los dirigentes de Cs, PP, PSC, Vox y Podemos aparecieron colgados del cuello en un puente en Lérida en 2019.
Manifestantes de ‘Rodea el Congreso’ lanzaron mecheros y latas de cerveza contra los diputados de Cs que salieron por el acceso al Congreso de los Diputados en la calle de Cedaceros, después de la investidura de Mariano Rajoy en octubre de 2016.
En 2011 diputados del Parlament de Cataluña fueron agredidos y acosados por miembros del movimiento 15-M que rodearon el Parc de la Ciutadella.
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Ninguno de estos episodios llegó al nivel de gravedad de lo sucedido en el pleno del Congreso de los Diputados el jueves 24 de noviembre. La diputada de Vox Carla Toscano dijo de Irene Montero que el único mérito que tenía para ser ministra era “haber estudiado a fondo a Pablo Iglesias”.
Esto sí mereció que se encendiesen las alertas por una “violencia política” nunca vista.
Queda claro que la ley que más a rajatabla se cumple en España es la ley del embudo.
