Unas sentencias son más sentencias que otras

Lo escribió Arcadi Espada al hilo del discurso de investidura de Pedro Sánchez en la primera sesió del pleno en el Congreso:

-- “Siendo la falsaria atribución de un juez la que lo llevó al Gobierno, bien podría haber mostrado mayor agradecimiento”.

Se refería a la inclusión en esa sentencia de una referencia a la poca credibilidad que un juez de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, le dio a las respuestas que Mariano Rajoy dio como testigo en la vista oral sobre la trama de corrupción del ‘caso Gürtel’.

La moción de censura que cambió el Gobierno de España se presentó por esa sentencia y por esa referencia. Rajoy no fue condenado, ni siquiera estaba imputado, pero el PSOE construyó su iniciativa en base al argumento de que España no merecía a un presidente de un partido manchado por la corrupción.

El discurso de José Luis Ábalos al presentar la moción se extendió, se explayó, se levantó sobre dicha sentencia que hacía referencia a ese caso de corrupción en el (o del) Partido Popular. También el candidato hizo varias referencias a la misma:

-- “[Esta moción] nace de la incapacidad, señor Rajoy, de su incapacidad para asumir en primera persona las responsabilidades políticas que toda España y la mayoría de esta Cámara le exigen tras el conocimiento de la sentencia de la Gürtel. Responsabilidades políticas que serían automáticas en cualquier democracia homologable a la nuestra”.

-- “La sentencia de la Audiencia Nacional hecha pública el pasado 24 de mayo, sobre el Caso Gürtel, y más aún la ausencia de respuesta del poder Ejecutivo que pretende ponerse de perfil, de nuevo, una vez más, ante la gravedad de los hechos que han sido ya probados por parte de la Justicia, no admitiría –como he dicho antes- más salida que la dimisión inmediata del Presidente del Gobierno en cualquier democracia equiparable a la nuestra”.

-- “¿No es suficiente el tenor de una sentencia en la que se reconoce que su palabra como testigo, ya no merece ningún crédito para la Justicia?”.

-- “Ahora, a través de los hechos probados, Señorías, en esta sentencia, sabemos que usted no sólo fue testigo en aquella causa. También sabemos que ni siquiera merece la consideración de ser un testigo creíble. Su respuesta, señor Rajoy, su reacción a la sentencia de la Audiencia Nacional no es sólo ajena al sentido común que usted tanto proclama. Es una afrenta al cargo que usted ocupa. Su respuesta, o mejor dicho, su no respuesta, no es digna”.

-- “Y lo que es aún más grave, y queda acreditado en la sentencia de la Audiencia Nacional: Para concurrir a las urnas con ventaja, con un probado dopaje económico que supone la constatación fehaciente del fraude a la propia democracia; la constatación manifiesta de que el PP concurría a las elecciones financiándose irregularmente”.

Sánchez citó esa sentencia, y bien está su apego por lo que dictaminen los tribunales de justicia. Pero fue un apego pasajero, según se vio en esos primeros días del debate de investidura que concluye este martes 7 de enero.

Porque, puestos a citar sentencias judiciales, Sánchez podría haber citado en estos días de enero la STS 2997/2019, o lo que es lo mismo, la sentencia con la que el Tribunal Supremo condenó por sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia a distintos responsables del golpe independentista de otoño de 2017.

Sánchez seguirá en La Moncloa gracias a haber firmado un acuerdo con el partido que lidera uno de los condenados por esos hechos, Oriol Junqueras, y al que pertenecen otros (Carme Forcadell, Raül Romeva, Dolors Bassa...). El vicepresidente de Sánchez elogió a ese condenado por sedición y malversación por su contribución a la aritmética de la investidura.

Más allá de la discusión sobre rebelión o sedición -todos los españoles llevan dentro a un seleccionador de fútbol y a un juez del Supremo-, la sentencia redactada por Manuel Marchena tiene fragmentos especialmente luminosos. Es una pena que Pedro Sánchez no tuviera la idea de citar alguno de ellos en su discurso de investidura, como el siguiente:

-- «No existe, en suma, tratado internacional que haya codificado el “derecho a decidir”. Todo movimiento de secesión unilateral en una sociedad que ha hecho suyas la Convención de Derechos Humanos de 1951 y la Carta de Derechos de Lisboa de 2010 es, por definición, un movimiento antidemocrático, porque antidemocrático es destrozar las bases de un modelo constitucional para construir una república identitaria en la que el pluralismo ideológico y político no están garantizados.

Y ello aunque pretenda camuflarse la falta de legitimidad política del proyecto secesionista mediante la totalitaria preeminencia de un supuesto principio democrático que se impondría sobre el Estado de derecho. No hay democracia fuera del Estado de Derecho. Llevada a sus últimas consecuencias esa obcecada prevalencia, habríamos de admitir que la aplicación del “derecho a decidir” podría imponerse en cualquier momento y respecto de cualquier materia reglada por el ordenamiento jurídico.

Una sociedad en la que su carta fundacional [la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República de Cataluña] subordina a la voluntad de su Presidente la estructura misma del poder judicial solo puede ser construida mediante la vulneración de principios constitucionales que nunca habrían podido ser modificados por las vías legales de reforma. Y la contumaz búsqueda de ese modelo de ruptura, desoyendo los requerimientos formulados por el Tribunal Constitucional, vulnera bienes jurídicos del máximo rango axiológico».

¿No es suficiente el tenor de una sentencia en la que se reconoce (le copio la pregunta al presidente del Gobierno) que el independentismo catalán, y Esquerra Republicana de Catalunya como actor principal, puso en marcha un movimiento antidemocrático, “porque antidemocrático es destrozar las bases de un modelo constitucional para construir una república identitaria en la que el pluralismo ideológico y político no están garantizados […] mediante la totalitaria preeminencia de un supuesto principio democrático que se impondría sobre el Estado de derecho”?

Igual que algunos habitantes de la granja de Orwell eran más iguales que otros, se ve que algunas sentencias judiciales lo son más que otras.