La difícil reforma de las pensiones en Francia
El plan de Emmanuel Macron para reformar el sistema francés de pensiones presenta notorios problemas, tanto por su complejidad, como por la clásica posición superconservadora del viejo sindicalismo francés. Pero se trata de una necesidad real, que es preciso afrontar con realismo, pues el Estado del bienestar ha tocado fondo: es una cuestión de fondo, a la que los líderes políticos no pueden dar la espalda, tampoco los españoles, aunque se comprendan tantos silencios en periodos electorales.
El joven presidente francés comenzó pronto su plan de reformas con cierto despotismo ilustrado, que le llevó a evitar largas discusiones parlamentarias con el recurso a una figura constitucional semejante al conocido decreto-ley. Esto provocó un descenso importante de popularidad, que trató de evitar el año pasado con su carta abierta a sus conciudadanos y la puesta en marcha de una mayor concertación social. Es el camino emprendido ahora para la reforma de las pensiones, en la línea de su respuesta a las reivindicaciones del movimiento de los “chalecos amarillos”: entablar negociaciones con los interlocutores sociales y organizar amplias consultas ciudadanas para llevar a buen puerto esta transformación tan delicada, con evidentes ganadores y perdedores por la existencia de excesivos regímenes especiales. Pero la racionalización se impone.
En los últimos treinta años, se han sucedido pequeñas reformas impuestas por los gobiernos con variados procedimientos, para evitar su caída en picado. Así, Alain Juppé se planteó hacia 1995 ir hacia una cierta unificación de sistemas, pero tuvo que dar marcha atrás, ante las críticas sociales. Antes, Edouard Balladur, casi a hurtadillas, en expresión de Le Monde, había introducido un cambio importante en agosto de 1993: se aumentó el período de cotización requerido para una jubilación a tipo completo de 37,5 años a 40. En 2003, Jean-Pierre Raffarin negoció con los sindicatos la extensión de la reforma de Balladur a la función pública y logró el apoyo de la CFDT, sindicato mayoritario. Por su parte, en 2010, Nicolas Sarkozy sufrió una seria crisis de su gobierno, pero consiguió elevar la edad legal de jubilación a los 62 años.
Emmanuel Macron designó a Jean-Paul Delevoye alto comisionado para dirigir la reforma. Ha presentado ya un primer informe, en que señala la edad de 64 años como requisito para una pensión completa, y plantea una duración más amplia del período de cotización. Pero el presidente de la república desea seguir negociando, y ha subrayado que no está nada decidido por ahora. Espera conseguir, como en su día Raffarin, el apoyo al menos de la CFGT, el sindicato casi siempre bien dispuesto a llegar a pactos y que ha mostrado en diversas ocasiones su conformidad con el establecimiento de un sistema de pensiones universal. El Primer Ministro, Edouard Philippe, mantuvo conversaciones con los interlocutores sociales a comienzos de septiembre, con una metodología que resumió en tres palabras: “escucha, diálogo, proximidad”. Llegó a hablar de una "co-construcción", en la línea de los principios democráticos sociales tan familiares a François Hollande.
Desde luego, no se puede olvidar que, a diferencia de lo sucedido en otros momentos, hay indicios de una pérdida de poder de convocatoria por parte de los sindicatos. Las primeras huelgas convocadas por CGT no han tenido el eco esperado, ni siquiera en el clásico campo de los ferroviarios. Incluso, se intentó motivar el conflicto con peticiones relativas a salarios, reorganizaciones y reclutamiento, sin mencionar la reforma de las pensiones, que supondría la abolición del régimen especial de la SNCF (la Renfe francesa).
Ante las posturas más radicales de otros sindicatos, Michel Noblecourt considera que, “si se compara el contexto de 2019 con el de 2010, el año de la anterior gran reforma de las pensiones, liderada por Nicolas Sarkozy, las posibilidades de que los sindicatos en liza derroten a Emmanuel Macron son bajas (…) En los últimos nueve años, los sindicatos, que nunca han hecho retroceder a un gobierno desde la retirada del primer contrato de trabajo (CPE) en 2006 bajo Jacques Chirac, se han debilitado, en particular la CGT, e incluso durante los movimientos contra la ley de El Khomri o las ordenanzas de Macron sobre el código de trabajo, se han mantenido lejos de las movilizaciones de 2010”. Por otra parte, se notará mucho la falta de unidad sindical. Así como el método elegido ahora de contar con el tiempo, según afirmó Philippe: los trabajadores no cambiarán al nuevo régimen hasta que las transiciones se hayan acordado y adoptado con precisión, es decir, “a partir de 2040”.
Las tensiones sociales se reflejan también en el gobierno, no sólo en la sociedad. Tal vez por esto, Macron, que piensa ya en su reelección en 2022, ha puesto en marcha una gran consulta ciudadana. Obviamente, la abolición de los actuales 42 regímenes existentes no puede ser aceptada por todo el mundo pacíficamente. Y está por ver cómo evitar un alto coste financiero. Pero no es fácil oponerse al principio general lanzado por el presidente: “cada euro de cotización debe dar idénticos derechos a todos”. A juicio de Noblecourt, “Macron no ha ganado la partida, pero los sindicatos contrarios tienen todas las cartas para perderla”. En cualquier caso, el proceso tendrá mucha influencia en España y en otros países europeos.
