Opinión

Las vergüenzas de UGT

La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, asumirá también la investigación sobre el desvío de fondos públicos (de la Junta) al sindicato UGT, mediando facturas falsas, y que presuntamente se utilizaron para pagar pancartas, fiestas, cenas y otros gastos internos del sindicato.

El argumento judicial ha sido ‘conexidad de los hechos investigados’, es decir, la relación entre el desvío de las comisiones que cobraban los mediadores en los ERE con la financiación ilegal de UGT de Andalucía.

Al lamentable espectáculo de una central sindical zarandeada por las denuncias de cobrar de los fondos públicos, y de disfrazar facturas para camuflar beneficios particulares, ajenos a la defensa de los trabajadores, se suma la más que tibia actitud de su principal líder, Cándido Méndez.

Lo único que se le ha ocurrido decir al secretario general es que no descarta dimisiones si se confirman irregularidades en UGT en Andalucía. ¡Acabáramos! Como si hubiera otra alternativa, una vez demostradas las irregularidades.

Desde que empezaron a desvelarse los trapicheos denunciados por la prensa, se ha echado de menos una voluntad firme y decidida, por parte de la dirección nacional, de abrir en canal el sindicato en Andalucía para descubrir primero, y erradicar después, cualquier conducta sospechosa.

Resulta increíble que un sindicato, teórico defensor de la clase trabajadora, se encuentre bajo sospecha de manejo fraudulento de dinero, y que sus dirigentes aparezcan beneficiándose de cantidades, procedentes de fondos públicos, obtenidas de forma irregular.

El escándalo de la PSV zarandeó a UGT de forma dramática, pero los chanchullos de Andalucía, cobijados en el silencio de la dirección nacional, pueden ser poco menos que la puntilla.

Y eso que aún no se ha investigado suficientemente, y de forma general, el verdadero destino de los fondos europeos para formación. Se habla de cantidades que parecen increíbles, del entorno de los 7.000 millones de euros, de los que el diez por ciento correspondieron a los sindicatos, es decir, 700 millones. ¡700 millones!

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