¿Muro de Berlín educativo o derecho de pernada?

Quienes nos gobiernan siguen teniendo la asignatura de Educación para la Ciudadanía como objetivo principalísimo de su labor política. ¡Como si no hubiera nada más importante que hacer! Menuda obsesión por este anacronismo fantasmagórico, que tiene más de derecho de pernada moralizante que de ayuda real a las personas.

Ya me disculparán, pero cuando es preciso hablar de la libertad de las conciencias, ¡qué menos que levantar la voz y escribir por extenso! El caso es que, como ya es de todos conocido, el Tribunal Supremo dijo el pasado 28 de enero que “en los casos presentados no existe el derecho a la objeción de conciencia” a la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Sí, parece que el Tribunal Supremo se ha lavado las manos y deja para otras instancias los recursos posteriores a EpC. Pero, a falta de los detalles de la Sentencia, se intuye, en las pocas palabras de la nota de prensa, que aprobará los contenidos que son lícitos y dejará fuera todos aquellos no contemplados en la Constitución: ideología de género, defensa del aborto y la eutanasia, o promoción del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Pero hete aquí que algunos políticos socialistas hablan con gran cinismo de un “salto de calidad” en la educación, justamente cuando siguen, erre que erre, queriendo adoctrinar a nuestros niños y jóvenes. Será, acaso, un salto de calidad… al vacío, pues donde no hay libertad es imposible generar ni cultura, ni creatividad, ni excelencia educativa, ni oportunidades, ni solidaridad, ni progreso, ni bienestar…

Creo que toda esta sinrazón se puede comparar a un “muro de Berlín ideológico”, que aherroja ciudadanos sumisos y persigue a todo aquel que intenta pasearse con su familia por cualquier rincón de la ciudad del libre albedrío o por las extensas calles del propio criterio.

Recordemos que la reciente Ley de educación, LOE, que según sus artífices tiene a EpC como su máximo exponente, fue la ley de estas características con menor apoyo parlamentario en los treinta años de democracia (el 15 de diciembre de 2005, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la LOE con 181 votos a favor, 133 en contra y 12 abstenciones). Ya me parece bien que la señora ministra Mercedes Cabrera diga que ningún gobierno puede incumplir las leyes; pero, digo yo: El ejecutivo de un país democrático no puede dar pie, ni permitir sin más, que los desarrollos de la ley produzcan contenidos curriculares en los que se adoctrine obligatoriamente en una moral de Estado.

Y eso es lo que ocurre en la realidad con el plan de estudios de Educación para la Ciudadanía. Y es que, todos sabemos que una cosa es informar de los debates éticos que se viven en la sociedad, y otra muy diferente obligar al alumnado a adoptar una respuesta moral concreta. Lo más razonable sería acordar contenidos y distribuirlos en otras materias. Y ser prudentes, políticos, padres y educadores, pues la libertad de las conciencias está muy por encima de cualquier veleidad ideológica.

El caso es que, quien pretenda imponer una formación moral obligatoria para los niños pospone y ningunea el ascendiente que padre y madre han de poder tener en la educación familiar. Además, un derecho fundamental que cualquier hijo reclamará es que se respete a sus padres, que no se les condicione en su principal labor educadora. Y, por cierto, aprender a poner un preservativo no es un "valor constitucional", aunque lo digan algunos friqui-progres.

Amigas y amigos, hemos de trabajar más y mejor por la libertad, la propia y la de cada hombre y mujer que nos rodea. Por eso, hasta que se agote la vía judicial, sería de locos obligar a los alumnos objetores a asistir a las clases de EpC. Como hay un desacuerdo razonable sobre esta materia, no puede decidir el Estado por sí mismo.

 A esto se añade algo que podemos constatar y es que gentes de muy diversa ideología entienden que su manera de ver la vida no puede ser impuesta a sus vecinos, ni siquiera indirectamente por medio de un sistema educativo. Y eso es lo que hace esta adoctrinadora asignatura.

No hay más ciego que aquel que no quiere ver. Pero, por si acaso, que repasen los enemigos de la libertad ajena -en el fondo también de la propia- la Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea, donde se garantiza «el derecho de los padres a asegurar la educación y enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas».

O los diversos artículos de la Constitución Española, donde queda clarísimo el derecho de libertad ideológica (art. 16 CE ), el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación moral y religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones ( art. 27.3 CE ). Y que la existencia de diferentes formas de pensamiento, ideologías y creencias ( art. 16.1 CE ) fundamentan la libertad de enseñanza y el derecho de educación en libertad ( art.27.1 CE ).

Asimismo, se constata, de forma explícita, el principal derecho natural de los padres a educar a sus hijos, en los artículos 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado», junto a los art. 18 y 26.3. Éste último dice: «Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos».

Incluso la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce el derecho de los padres “al respeto de sus convicciones filosóficas y religiosas”.

O sea, que podemos y debemos defender nuestra libertad personal –y la de los demás, aunque piensen diferente- frente a cualquier formación ideológica obligatoria, de cualquier gobernante actual o venidero.

Y ya lo he dicho más veces: Esta Educación para la Ciudadanía pone todo el peso y la preferencia del poder a favor de una concreta opción moral y antropológica. Si la aceptan los poderes públicos en general, quienesquiera que fueran en cada momento histórico, renunciarían a su misión de garantizadores de la libertad ideológica de todos los ciudadanos.

Además, seamos sensatos, la educación en principios y valores constitucionales se puede y se debe seguir realizando desde otras materias. Pero es una grave anomalía que, en un país libre, los decretos nacionales y autonómicos que desarrollan una ley de educación presenten una asignatura obligatoria y evaluable que:

Se decanta ideológicamente por favorecer la ampliación del aborto, la experimentación con embriones humanos, la eutanasia, o por un matrimonio sin complementariedad, ni estabilidad, ni fecundidad; o incluso por la elección de sexo sin tener en cuenta la propia identidad de cada persona.

O incluso también la explícita pretensión que tiene de dar un marco referencial para todos los ciudadanos, sin mencionar el valor de la familia, la defensa de la vida, la verdad o la trascendencia.

Por favor, que no nos compliquen más la vida a padres y a profesores. Y a éstos, no sería justo ni eficaz cargarlos con una Educación para la Ciudadanía ideológica, ya que “moralizar-adoctrinar” al alumnado está claro que no es su principal cometido y puede producir más conflictos que beneficios en el trabajo con alumnos y familias.

Vamos a aprovechar la ocasión para sacar algo de positivo. Incluso algunos verán la oportunidad de rectificar. El principio de subsidiariedad en nuestra Carta Magna es sagrado, y ¡van dados! quienes piensen que no se puede confiar en las madres y padres de familia y que el Estado vaya a ser quien decida sobre la educación moral de los hijos.

Por eso, en esta, como en otras cuestiones, la clave será poner a los gobernantes en su sitio. Su omnímodo poder no puede entrar, sin nuestro consentimiento, hasta la cocina de nuestra casa. Y, ni siquiera cuando fuesen esos mandatarios de nuestro mismo pensar, tampoco en la casa de nadie.

También es verdad que con estos temas, de controversia cruda o desigual enfrentamiento, será posible sacar un beneficio para todos, una catarsis, un crecimiento. Es una ocasión magnífica para que nuestros chicos y chicas “vean” la libertad, así la podrán valorar y reconocer por donde vayan. De lo contrario se nos van a acostumbrar a la mediocridad o a lo “políticamente correcto”. O tal vez sólo se deslumbrarán por el placer o las apariencias, cuando podrían llegar muy alto en amor a la libertad, sabiduría y entrega a los demás, que esto es ser buen ciudadano.

 Estemos seguros de que la cultura de la libertad va a imperar. Superaremos los asaltos del fanatismo y del nihilismo. Recuperaremos la sindéresis, el sentido común para ver y vivir lo que es bueno en cada momento.

Una estupenda consecuencia sería poder elegir con total libertad el centro educativo para nuestros hijos: privado, concertado o público, con ideario más o menos marcado. Y a buen seguro que los profesionales de la educación, de cualquier centro, colaborarán con disponibilidad y exquisita dedicación, con todas las familias. Nuestros hijos e hijas lo agradecerán. No pongamos puertas, ni muros, al campo. La felicidad de todos está en juego.