Un pacto educativo para la libertad y para la excelencia

Me sugieren amigos y colegas que me “moje” más, en concreto con la última propuesta de Pacto Social y Político para la Educación, que ha presentado el ministro, Sr. Ángel Gabilondo. Y lo hago encantado, a pie de clase y a pie de hijos.

La verdad es que la “música” del Pacto me suena agradable, pero la “letra” de los 12 objetivos planteados, y las 148 propuestas, quedan, en mi opinión, todavía lejos de lo que nuestro país necesita. En este caso sería muy grave aplicar aquello de, “lo mejor es enemigo de lo bueno”.

Sería largo descender a detalles, gentes muy entendidas ya lo han hecho en otros foros, pero sí vale la pena divulgar la necesidad de tener de una vez por todas unas políticas educativas comunes: son las que pueden garantizar la estabilidad y la coherencia de nuestro sistema educativo, conjugable con la transferencia de competencias a las autonomías. Se trata de un asunto de Estado y la mejora de la educación nos interesa a todos.

Lo que a una inmensidad de padres y madres les importa no es sólo lo académico, que también, sino la posibilidad de que reciban sus hijos una educación completa, como personas, que les ayude a ser felices y a hacer felices a los demás. Con esfuerzo, por supuesto, pero en libertad, pues es ésta la que aporta el ingrediente más estimulante para la calidad de la formación de nuestros niños y jóvenes.

Le he oído decir últimamente al Sr. Ángel Gabilondo que la educación es la mejor política social. Totalmente de acuerdo, pero parece que se olvida que él forma parte de un gobierno en el que la inacción, la palabrería y la falta de visión de conjunto están poniendo en peligro los derechos de los ciudadanos. Y es que se necesitan políticos capaces de asumir las responsabilidades que le van con el cargo.

No puede haber un pacto cuando se proponen, como estupendos, asuntos en los que todos estamos de acuerdo, pero que ya aparecen explicitados en la LOE y por los que no se ha hecho nada efectivo después de cuatro años. Ni tampoco cuando se disimulan las tremendas diferencias sobre lo que, unos y otros y los de más allá, ven conveniente que aparezca en los contenidos curriculares.

No es de recibo ningunear continuamente a quienes piden tener en cuenta la libertad religiosa y de conciencia también en la escuela. Eso es poco elegante, aunque sea remitiéndose a la Constitución, pues es precisamente ésta la que necesitamos interpretar y aplicar adecuadamente para no convertirnos en súbditos del gobernante de turno. ¿Qué vamos a enseñar si no luchamos por enseñar en libertad?

Para promover equidad y excelencia, a todos los niveles, algo más hay que hacer. No se puede dejar de lado a quien piensa diferente. El pluralismo sí es posible, los ciudadanos lo piden y seguro que muchos socialistas también lo aprecian.

Por otra parte, se ha de poder remunerar la función directiva. Se ha de poder reforzar la autoridad social, académica y profesional de los profesores, facilitando que les lleguen alumnos ya en cierta forma educados en principios y valores. Para eso, la educación familiar básica de padres y madres ha de ser facilitada por los poderes públicos.  

 

Sí, es el momento de que se vean claros los derechos y obligaciones, pero de todos: padres, profesores, alumnos, sean de la educación pública o privada. Todos ellos piden más posibilidades de elección de centro, evitando “alcaldes papá” que ya te lo dan todo hecho pero sin poder decidir las familias. Todos los antedichos piden mejorar las ratios profesor/aula, como medio para avanzar en la buena dirección.

Parece que se pueden conseguir de los presupuestos generales del Estado 1.570 millones de euros en tres años. ¡Vale, bien! Pero ¿alguien piensa que los medios materiales van a ser lo prioritario para afrontar tanta necesidad de humanizar la educación, para evitar tanto desencuentro y tanta inquina paralizadores?

Superar problemas estructurales y errores de concepto es lo urgente. Por lo que, repito otra vez, los políticos no han de substituir a la familia. Sólo si ésta está más fortalecida para afrontar los estupendos retos de este nuevo siglo mejorará la educación, pues educar criaturas es algo más que un servicio público.

No sé lo que pensarán ustedes, pero considero que es un desatino que a menudo se remita el Sr. Gabilondo a la Constitución para no entrar en detalles “sensibles”. Y que en sus propuestas no esté claro el principio de subsidiariedad recogido en aquella. Todo el mundo sabe que sin protección activa del derecho a la educación en libertad lo que nos puede sobrevenir es que se acaben lesionando, aún más gravemente, derechos fundamentales de los ciudadanos, ya sean de padres, profesores o alumnos. (¿Para cuándo poder cubrir el coste real de la plaza escolar en los centros concertados?).

Sinceramente, pienso que con D. Ángel Gabilondo se puede llegar a estupendos y amplios acuerdos y él nunca va a desear un pacto de pitiminí, sin unificar criterios amplios y verdaderos. Pero, algunos que ahora mandan mucho en el Partido Socialista no quieren ni oír hablar de respetar escrupulosamente los conciertos educativos, ni mejorar la forma con que se transmite la enseñanza del castellano en las comunidades bilingües.

En fin, todos pagamos impuestos y creemos vivir en un país libre, pues que se facilite la libertad de educación. ¿Tan complicado es?

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