Infantas a mí

La imputación de la infanta Cristina por parte del juez Castro no puede sorprender a nadie. Ni siquiera, aunque se haya dicho, a la Casa Real. En La Zarzuela pueden estar más o menos disgustados, contrariados y hasta preocupados, pero definir su situación como de sorpresa, se antoja poco realista. Todo el mundo esperaba la imputación. Lo que está ocurriendo cae por su peso. El juez tenía que imputar a la infanta, el fiscal tenía que recurrir esa imputación y posiblemente la comparecencia sea aplazada. Hay muchos caminos procesales para que 'la sangre no llegue al río'.

Ocurre que hay demasiadas suposiciones en el caso Noos. En el mismo auto del juez priman esas suposiciones, incluidas las posibles conversaciones privadas del Rey con su hija. Se supone que el Rey estaba al tanto y por eso sus intentos de que Iñaki Urdangarín abandonara supuestas actividades. Se supone que la infanta, como en casi cualquier matrimonio, estaba enterada de las empresas de su marido, participara o no en los manejos que se llevaban a cabo en esas empresas y, lógicamente, se suponía que la infanta iba a ser imputada, porque en España 'la Ley es igual para todos'.

Al juez Castro, juez por el cuarto turno, le cayó una buena cuando se le vino encima el caso Urdangarín, pero es evidente que le ha ido cogiendo el aire y ahora se siente, si no cómodo, al menos más 'suelto' También suposiciones. Y son también suposiciones, aunque en el auto lo deje entrever, pensar que el juez no quiere que nadie le tache de defender a alguien en concreto por tratarse de quien se trata. Es lo que el juez tiene que hacer pero nadie podrá evitar que alguien suponga que lo hace para defender su postura y que pueda tachársele de parcialidad.

Y en paralelo está el llamado juicio mediático, que mejor debería llamarse el juicio de la opinión pública. Ese juicio, se quiera o no, tiene su influencia y no es fácil sustraerse al ambiente creado. Pero esa misma opinión pública puede preguntarse por algunas de las ambigüedades del auto en el que se imputa a la infanta, por el retraso en la imputación o por el goteo –esperemos que ya haya cesado- de los correos electrónicos que Torres y su abogado van soltando poco a poco y que, se quiera o no, están marcando, o han marcado hasta ahora, la marcha procesal del caso.

Y como colofón se dice que el gobierno está preocupado porque supone que todo esto debilita a las instituciones. Eso ya no es una suposición. La Corona está tocada. Muy tocada. Y van a ser necesarios muchos esfuerzos -muchos gestos se diría ahora- para restablecer el equilibrio, ciertamente inestable, en el que la monarquía se ha movido desde hace unos años.

La pregunta es si España, en estos concretos momentos, se puede permitir ciertos lujos.