Libertad y responsabilidad

Tras el asesinato de la presidenta de la Diputación de León y la repercusión que ha tenido en las llamadas redes sociales, se han desatado todo tipo de comentarios sobre la necesidad de regular lo que comunicantes anónimos dicen u opinan en esas redes, y sobre la libertad de expresión que, dicho sea de paso, se confunde demasiadas veces con la libertad de prensa.

Nadie, medianamente normal va a discutir, a estas alturas, derechos tales como el derecho a la libre expresión, a la libre circulación de opiniones,  la libertad de prensa o el derecho de todos lo ciudadanos a la información. Pero cuando esos derechos se ejercen y no se asumen las consiguientes responsabilidades, la democracia y el ejercicio de la libertad quiebran de manera radical.

Lo que está en tela de juicio es la impunidad, es decir, la nula responsabilidad de quienes, amparados en el anonimato y en la facilidad que las tecnologías ofrecen para la difusión de ideas y opiniones, vierten ideas y opiniones que rozan lo delictivo.

Está en discusión la tipificación de formas y maneras de expresión, las amenazas, la exaltación de la violencia, el insulto y, por supuesto, la falta de veracidad.

Es en esa vertiente en la que el legislador debería ponerse manos a la obra. Al parecer hay elementos técnicos más que suficientes para perseguir a ese tipo de delincuentes y hay suficientes instrumentos legales para una tipificación que se está haciendo cada vez más necesaria.

Toda libertad –o por mejor decir el ejercicio de cualquier libertad- lleva aneja una responsabilidad. Cuando lo que falla es la posibilidad de exigir esa responsabilidad es cuando, paradójicamente, quiebran las libertades y por tanto la democracia.

La democracia no está en la existencia de libertades. Las libertades, los derechos, los tiene el ser humano simplemente por serlo. Nadie tiene que otorgar o conceder ninguna libertad al individuo, pero sí es exigible que el propio individuo se haga responsable de sus actos y de sus opiniones cuando ejerce sus libertades.

La facilidad de difusión y el anonimato –siempre indeseable- no pueden ser patentes de corso para hacer y decir y mucho menos, esa patente de corso, puede esgrimirse avalada por los derechos de expresión o por la libertad de opinión.

 
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