Por la boca… Legislar a remolque

Nuestros representantes políticos están en el Congreso de los Diputados por y para sus respectivos partidos -incluidos los del banco azul- y, como los partidos no se dedican a legislar ni a gobernar, sino a participar en las elecciones y si pueden a ganarlas, y toda su gestión se reduce a estar permanentemente en campaña, las necesidades legislativas o las iniciativas para cambiar las leyes, vienen provocadas por la calle, por las manifestaciones, por las redes sociales y, en el peor de los casos, por sucesos infames y acontecimientos miserables.

Es entonces cuando llega el ‘deprisa y corriendo’, el ‘cuanto antes’, el ‘en caliente sí’ o el ‘en caliente no’, según las necesidades electorales de cada cual y todos, políticos y partidos, se apresuran a ponerse al frente de las manifestaciones, y disputan por quién se coloca antes o se sitúa más en primera fila con la correspondiente pancarta.

Extraña que de los 350 diputados, de los cuales 138 dicen ser licenciados en derecho, a ninguno se le hubiera ocurrido que había que reformar el Código Penal en referencia a delitos de materia sexual, clarificar conceptos, delimitar tipificaciones y ajustar penas, hasta que se han publicado las sentencias de los sucesos acaecidos en Pamplona durante los Sanfermines de 2016.

Hasta ahora, ante sucesos más o menos semejantes o sentencias de parecida naturaleza, 350 diputados y 138 juristas, no habían sentido la necesidad de ocuparse, activa y seriamente, de defender a las mujeres víctimas de individuos de todo punto antisociales, mediante legislaciones solventes y penas adecuadas a la gravedad de los delitos.

Bien está que la calle empuje, que los medios denuncien y que las redes sociales aglutinen protestas, pero estaría mucho mejor que, quienes están llamados a hacerlo, detecten situaciones intolerables y procuren, legislando a tiempo y no a toro pasado, evitar sucesos como los que se están dando en Navarra y además, con gran semejanza, en otros lugares.

Llueve sobre mojado porque se legisla a toro pasado, a remolque y, es evidente, por manejos electoralistas más que por deseos de hacer justicia y de evitar atrocidades.

Para conseguir unas pensiones más o menos adecuadas a los índices económicos, nuestras calles se han tenido que llenar de las protestas de los jubilados, poniendo en evidencia unas carencias clamorosas. Y donde no había posibilidades económicas, las pensiones se suben de un 0,25 a un 1,6 por ciento y donde no existía modo de enjugar el aumento del gasto, sale de una manga ministerial un nuevo impuesto que, en palabras de los responsables, se pondrá en marcha ‘cuanto antes’.

Si nuestra iniciativa legislativa pasa del parlamento a la calle, de la reflexión pausada y serena, al imperio de la algarada y del diálogo profundo y razonado, a la pancarta con eslóganes más o menos agresivos, o hay que cambiar las maneras de hacer política o sobran los diputados.