Por la boca… Leyes de ‘quita y pon’

Con algunas de las iniciativas en materia de legislación pasa como con los partidos de la Restauración canovista. Los llamados partidos dinásticos se turnaban en el ejercicio del poder y además lo hacían pacíficamente, pero aquella práctica, más o, menos caciquil, originó una de las figuras más tragicómicas de la ciudadanía española: los cesantes.

Existía un cierto clientelismo; si subía un partido, sus gentes tenían bicocas fijas en los puestos de la administración. Cuando alcanzaba el gobierno otra formación, los anteriores cesaban y ocupaban sus puestos los afines al partido en el poder.

Esto es, más o menos, lo que ocurre con algunas de las leyes que están en vigor y otras que aspiran a estarlo. Cuando un gobierno, que cuenta con el respaldo de las Cámaras, legisla en contra de lo que opina algún partido de la oposición, éste se apresura a declarar que la ley en cuestión será derogada en cuanto que, con sus escaños, le sea posible.

Son las que denominamos leyes de ‘quita y pon’.

Hasta ahora, entre realidades y amenazas, la palma de las leyes de ‘quita y pon’ se la llevaban las referentes a la familia y a la enseñanza. Lo primero que haremos al llegar al poder, dicen los unos, será derogar la ley del aborto; cuando obtengamos la mayoría suficiente, dicen los otros, haremos una nueva ley de educación. Y así hasta la saciedad.

Pero las cosas cambian –no es que evolucionen demasiado- y ahora la polémica está centrada en la presunta reforma de la ley electoral para que gobierne la lista más votada. La pretensión del Partido Popular no está nada bien vista en las filas socialistas y, si esa ley entrara en vigor, sería una candidata segura a engrosar las listas  del quita y del pon.

En este curso político que ahora comienza, Mariano Rajoy ha lanzado eso de la regeneración democrática.

Con independencia de que resulte chocante que, al cabo de 39 años de la muerte de la dictadura franquista, se hable de regeneración democrática, sería un buen momento para que socialistas y populares se pusieran mínimamente de acuerdo en qué leyes deberían tener - siempre que las circunstancias lo aconsejaran- un cierto carácter de permanencia y no estar al albur de los cambios de ideología en el poder.

La seguridad en leyes importantes, y en que esas leyes no van a cambiar en función de los vientos electorales, es fundamental para cualquier país y para los ciudadanos de ese país. Toda la legislación relativa a la actividad económica, desde la fiscalidad hasta las leyes en materia mercantil, es –por poner un ejemplo- primordial para cualquier economía, tanto en el ámbito externo como en el interno.

 

No estaría de más un esfuerzo por parte de quienes están llamados a hacerlo, para que ciertas leyes no fueran de ‘quita y pon’.

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