Opinión

Por la boca… Los presuntos, la ley y la trampa

 
Carles Puigdemont.
photo_camera Carles Puigdemont.

No deja de sorprender que nuestra democracia -moderna y avanzada a decir de los políticos- no disponga de los mecanismos jurídicos apropiados y eficaces para evitar que presuntos delincuentes y fugitivos de la justicia, se burlen y se aprovechen de esa democracia.

Un día sí y otro también, asistimos al poco edificante espectáculo de ver cómo presuntos delincuentes y hasta fugitivos de la justicia, anuncian sus candidaturas para, tras las correspondientes elecciones –suponiendo que puedan acreditarse personalmente- ocupar escaños en ayuntamientos, comunidades autónomas, parlamento nacional y hasta pretendan representarnos en instancias europeas.

Y todo debe ser legal a juzgar por el desahogo con que lo hacen y la naturalidad con la que sus pretensiones son recibidas por las fuerzas políticas.

Varios de los presuntos delincuentes que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo, ya han proclamado su intención de concurrir a los comicios que se aproximan y este fin de semana, ha sido el fugitivo Puigdemont el que amenaza con presentar su candidatura al Parlamento Europeo.

A nadie se le oculta que lo que lleva al fugitivo de la justicia a intentar obtener un escaño en Europa es, única y exclusivamente, su intención de internacionalizar lo que él llama “conflicto catalán”, conseguir un estatus cómodo en Europa y que su huida de la justicia española sea lo más confortable posible.

Pero dejando a un lado el bienestar de Puigdemont e incluso obviando sus cuentas con los jueces, es evidente que su actuación en Europa, lejos de dedicarla al bien de España e incluso al provecho de Cataluña, va a ser la plataforma ideal para insultar, denigrar y calumniar a España y a los españoles, incluidos la mayoría de los catalanes que, siempre que tienen ocasión, demuestran su desacuerdo con las ideas de Puigdemont.

Por eso no deja de sorprender que una democracia como la española, al decir de los políticos moderna y avanzada, no disponga de los instrumentos jurídicos apropiados y eficaces para evitar que, presuntos delincuentes y fugitivos, se aprovechen de esa misma democracia para burlar y denigrar al país que la sustenta y a la sociedad que, en aras de su soberanía, la hace posible. Será legal, pero es inaudito y hasta indignante.

Y sobre todo, es difícil de tragar y de entender.

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