Yo te doy una fiscalía y tú me das una fiscalía

La que fuera fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y su sucesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, en la toma de posesión de este último.
La que fuera fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y su sucesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, en la toma de posesión de este último.

Es una operación muy semejante a la llevada a cabo en el Tribunal Constitucional, en el que la presencia casi vitalicia de Pumpido al frente de las deliberaciones, asegura por muchos años el control de una de las instituciones más importantes del sistema político diseñado en la Constitución.

Lo que está pasando entre el Fiscal General del Estado, García y la presunta fiscal de eso de la memoria histórica, Delgado -Garzón (el ex juez) mediante- forma parte del sainete lúgubre, brumoso y mal oliente que -en caso de verse obligado a hacer una mudanza desde La Moncloa, colchones incluidos- tiene preparado Sánchez para cuando en el segundo tiempo, ni siquiera esté en el banquillo de la política española.

Se trata (Franco dixit) de dejar atados y bien atados una serie de puestos decisivos a la hora de “judicializar” las posibles decisiones incómodas del nuevo gobierno que salga el mes de julio y mantener la colonización y el control de instituciones fundamentales a la hora de dar paso libre y togado a esas decisiones.

Tras la instalación “cuasivitalicia” de Pumpido en el Tribunal Constitucional con un montón de años por delante, llega ahora la colocación de Delgado -Garzón (el ex juez) mediante- en eso de la fiscalía de la memoria histórica, aunque haya que hacerlo a costa de pasar por encima de los fiscales del Consejo, fiscales de sala, de todas las juntas habidas y por haber y de la inmensa mayoría de las asociaciones existentes, por respetables que sean. 

Es una operación muy semejante a la llevada a cabo en el Tribunal Constitucional, en el que la presencia casi vitalicia de Pumpido al frente de las deliberaciones asegura por muchos años, el control de una de las instituciones más importantes del sistema político diseñado en la Constitución; y, en un tono menor, la serie de nombramientos y convocatorias de plazas que, con carácter de urgencia, se están haciendo en ministerios y entidades varias.

El objetivo es doble: por un lado se blanquean los desmanes jurídicos, legislativos y atentatorios contra la Constitución perpetrados por Sánchez y se le garantiza una casi absoluta impunidad ante acciones y recursos posteriores y por otra se asegura la continua “extorsión” del alto tribunal o de una fiscalía, se supone que importante, a posibles iniciativas del nuevo Gobierno salido de los comicios del mes de julio.

Sánchez, aunque ni estará ni previsiblemente se le esperará a partir de julio en la política española tras la mudanza a la que se vería obligado, colchón incluido, intentará, desde la distancia física o con control remoto, manejar los hilos que le den tranquilidad en áreas decisivas.

La desfachatez de “nombrar a quién me nombrará” y la desvergüenza de “nombrar a quién me nombró” es marca de la casa pero -sueldos, despachos e influencias “cobrables” aparte- tiene el problema de que deja a los pies de los caballos la dignidad de instituciones que nunca deberían perderla.

La carcajada: Díaz propone en uno de sus delirios, crear un impuesto en todo el mundo para gravar entre un 1`5 y un 3%  las fortunas de 100 millones de dólares en adelante y dice: “Creo humildemente que no solamente es posible, sino que urge hacerlo”.

 
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