Es injusto, pero es legal

Es un dicho que circula por los ámbitos jurídicos desde los primeros cursos de la carrera: Es injusto, pero es legal. Y así estamos.

Lo que, al parecer, no circula tanto es aquello de ley injusta y su eficacia jurídica, eficacia en el sentido de su aplicación. Todo ello hace que se dicten y se apliquen leyes injustas.

Pueden decir los tribunales que, en su función, se limitan a aplicar la ley y que el responsable de la ley injusta es el legislador. Y es verdad. Pero también es verdad que existe algo que se llama arbitrio y que consiste en ‘la facultad que la ley deja a los jueces para la apreciación de circunstancias o para la moderación de sus decisiones’. Es decir, la ley permite a los jueces,  lo que en lenguaje vulgar se llama interpretación, un margen de discrecionalidad.

Pero hay otro término muy parecido que no pocas veces y no pocos confunden. Arbitrio es muy parecido a arbitrariedad y la arbitrariedad es ‘el acto o proceder contrario a la justicia, la razón y las leyes, dictado por la voluntad o el capricho’. Si esa voluntad o ese capricho son la voluntad o el capricho de un juez se ve –quizás demasiado a menudo- lo que se ve.

Desgraciadamente, leyes injustas y sentencias arbitrarias, están de actualidad. Las justificaciones y los razonamientos jurídicos son muchos y muy variados, pero si a esas justificaciones y razonamientos les añadimos el condimento político, los resultados son una verdadera hecatombe. Y los hay para todos los gustos. Por ejemplo, hay que leer una sentencia en la que un tribunal da por justo y bueno y, por supuesto legal, el despido de una trabajadora embarazada. La trabajadora estaba en periodo de prueba por lo que los encargados de sentenciar han decidido que los supuestos beneficios jurídicos y laborales que pueda tener una embarazada no son de tener en cuenta si su situación es la de un trabajador en periodo de pruebas. Un despropósito por muy legal que sea.

Y los despropósitos y las arbitrariedades que vengan de los encargados de impartir justicia causan eso que se ha dado en llamar alarma social, aunque la alarma social dure poco porque los tribunales –en según qué casos- abandonan su indolencia y lentitud habitual y se apresuran a ejecutar sentencias legales, pero de muy dudosa justicia.