Opinión

Sánchez exhuma el decreto-ley

Pedro Sánchez, con Pablo Iglesias.
photo_camera Pedro Sánchez, con Pablo Iglesias.

A Pedro Sánchez le ha entrado la fiebre de las exhumaciones y, ante la demora en sacar a Franco de su tumba, ha decidido exhumar la figura del decreto-ley que también le era muy querida al dictador.

No es que la figura jurídica del decreto-ley estuviera enterrada -porque son muchos los gobernantes que, en los últimos tiempos, han usado de ella- pero es claro que Pedro Sánchez le ha cogido el gusto y no para de legislar y de gobernar a base de urgencias y de lo que, en ciertas latitudes y en ciertos regímenes, llamaban “ukase”.

¿Que no tengo los votos necesarios para aprobar los presupuestos? los sacaré adelante a base de “modificaciones presupuestarias” que no son otra cosa más que un decreto-ley.

¿Que no es popular una resolución del Supremo y me quiero apuntar el tanto electoral? Decreto-ley al canto.

Y así un día tras otro haciendo caso omiso de la aritmética parlamentaria y despreciando la función del legislativo. O sea, como Franco, pero sin enterrar.

Está visto que a Pedro Sánchez le ha entrado la fiebre de las exhumaciones y, ante los aplazamientos de la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, se dedica a exhumar el decreto-ley que, de momento, es bastante rentable y, a falta del pan de la salida de Franco de la tumba, buenas son las tortas de la legislación de urgencia, por otra parte tan querida por el general en sus buenos tiempos.

Es significativo que -además de las incoherencias de la ministra de Hacienda, de los “preveyó” del ministro de Fomento y de la verbosidad repetitiva, topiquera y de manual de argumentario, de la ministra Portavoz- el término más repetido, en la comparecencia tras el Consejo de Ministros, sea el de decreto-ley.

Está claro que nos quieren acostumbrar a una forma de legislar que- aunque dependiendo del momento y de la materia pueda ser necesaria- solamente se justifica por una urgencia palmaria.

Posiblemente fuera conveniente corregir los errores de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo, pero es difícilmente justificable la urgencia de dictar un decreto-ley y mucho menos la premura, la rapidez y hasta la celeridad de su anuncio.

Porque por muy preocupado que esté Sánchez por el bienestar de los españoles, podía haber esperado, como mínimo, a la referencia del Consejo de Ministros que, con tanta donosura y acierto, hace cada semana la ministra Celaá.

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