Opinión

La creciente usurpación del derecho de los padres a la educación de sus hijos

Niños durante una clase en un colegio de España.
photo_camera Niños durante una clase en un colegio de España.

El derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos no depende de que esté reconocido o no en una norma positiva, ni es una concesión de los poderes públicos. Es un derecho primario de la persona. No obstante, está incluido, como se sabe, en la Declaración de Derechos Humanos. Los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos.

En las democracias se suele reconocer ese derecho de los padres, pero nunca en los totalitarismos. Por ejemplo, donde impera el socialismo comunista, es el Estado, y no los padres, quien controla a los niños (sin educarlos); desde su nacimiento han de ser entregados a instituciones públicas, donde serán adoctrinados con la ideología partidista dominante.

¿Cuál debe ser función educativa del Estado? Dado que no posee la titularidad del derecho a educar, le corresponde solamente ayudar a la iniciativa privada con carácter subsidiario. Únicamente en el caso de que la familia no cumpla su tarea educativa, puede intervenir el Estado supliendo lo que los padres no hacen.

¿En qué se fundamenta el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos?

En primer lugar, en que en la familia se da la mayor proximidad entre el educador y el educando. Los padres, por estar más próximos del niño que tiene derecho a ser educado, son los responsables y titulares del derecho y deber de educar. En la familia no sólo hay la proximidad física propia de convivir bajo el mismo techo, sino también proximidad biológica y proximidad espiritual. Esta última surge del trato personal en el ámbito de intimidad que es la familia.

En segundo lugar, el derecho de los padres se fundamenta en que la educación es el complemento natural de la generación de la prole. Quienes generan la vida son los más indicados para sostenerla y cuidarla, tanto en lo material como en lo espiritual. Eso es la educación.

Los titulares del derecho a educar a los hijos no pueden ni deben hacer dejación de esa responsabilidad, porque ello sería dejar la puerta abierta a la invasión del Estado en su labor educativa, usurpando así el derecho de los padres.

El escritor Juan Manuel De Prada lo explica de esta forma: “Ese proceso no hubiera sido posible si previamente la familia no se hubiese convertido en una institución dimisionaria, extremadamente débil, incapaz de asumir ya las obligaciones que tradicionalmente aceptaba como propias. Mientras la familia no cobre conciencia plena de sus responsabilidades, no podrá recuperar el “derecho a la educación” que le ha sido usurpado. Los espacios que el poder político coloniza son, con frecuencia, aquellos que la comunidad humana abandona, por desistimiento o negligencia”.

Un ejemplo actual es incluir en el currículum escolar una asignatura nueva y obligatoria sobre educación (¿) sexual, llamada SKOLAE. Con la coartada de la supuesta “igualdad” entre los sexos, los padres son sustituidos por sexólogos, que se limitan a adoctrinar grupalmente a los niños en la “ideología de género” desde la primera infancia y a ofrecerles, nada menos, que una posible reorientación del mismo.

La educación relacionada con el origen de la vida corresponde a los coautores de esa vida, los padres, en el contexto de la educación para el amor, la familia. La defensa del derecho de los padres a la educación de los hijos, frente a la extralimitación de los poderes públicos es el núcleo de la  libertad de enseñanza o libertad de educación. Es el mismo derecho natural de los padres visto desde la perspectiva de las relaciones con el Estado.

La libertad de enseñanza es imposible cuando la escuela deja de actuar como delegada de los padres para hacerlo como agente ideológico del poder estatal.

¿Existe libertad de enseñanza en España?

La Constitución Española de 1978 reconoce, en su artículo 27, dos derechos fundamentales en materia educativa: el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Pero esa libertad de derecho no se cumple de hecho en algunos casos, por motivos ideológicos partidistas.

Existe una normativa restrictiva con respeto al Ideario de los colegios no estatales y, por tanto, en el ejercicio de la libertad de enseñanza. Por otra parte, se ha promovido un debate social sesgado, basado en clichés y prejuicios sin fundamento, tachando a la escuela diferenciada y concertada de elitista y discriminadora, mientras se presenta a la escuela pública como modelo excluyente. Si hay un único modelo no cabe ninguna elección por lo que no se puede sostener que en España existe libertad de enseñanza y educación.

Padres y profesores tiene actualmente el reto de despolitizar la escuela, aunque sólo sea por el bien de los alumnos.

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