Un Ministerio en busca de causas
El reconocimiento y la promoción de las libertades es un valor fundamental del ordenamiento jurídico, que debe respetarse en toda la acción política. Pero supongamos que un día el gobierno crea un nuevo Ministerio de la Libertad. Quien se haga cargo del Ministerio deberá preguntarse de inmediato a quién tiene que liberar, qué nuevas libertades hay que reconocer, qué obstáculos hay que quitar. Si se trata de una democracia consolidada, perteneciente además a la UE que fiscaliza el respeto a los derechos humanos, el nuevo Ministerio puede encontrarse con que el campo de las libertades está ya bien cultivado. Pero como tiene que justificar su existencia, tendrá que descubrir nuevas causas a las que dedicarse.
El Ministerio de Igualdad se encuentra en esta tesitura. Si algo no falta en España son leyes pro igualdad y antidiscriminación. Desde la Constitución hasta las normativas de las Comunidades Autónomas y las directivas de la Unión Europea, todo un arsenal legal prohíbe la discriminación por motivos de raza, sexo, ideología, religión, maternidad, orientación sexual, discapacidad, identidad de género… Los organismos correspondientes de la Administración vigilan para que estas leyes se observen en los distintos ámbitos, y los tribunales corrigen los incumplimientos.
Así que un Ministerio de Igualdad puede encontrarse en la situación de lo que el difunto filósofo político Kenneth Minogue llamó el “síndrome del san Jorge jubilado”. El valiente guerrero ha vencido ya al dragón, ha rescatado a la doncella y necesita nuevas causas que acrecienten su gloria. Así que se pone a recorrer el mundo en busca de nuevos dragones que justifiquen su papel de salvador indispensable. Así ocurre a menudo hoy en el mundo occidental. Nunca ha habido más igualdad entre los sexos, menos racismo, menos discriminación, y sin embargo tendemos a presentarlo como si todo estuviera por hacer.
No es que en España falten batallas que dar contra las desigualdades injustificadas. Tras una creciente nivelación en muchos aspectos de las condiciones de vida, la crisis de 2008 y la de la actual pandemia han acentuado unas diferencias de ingresos y de oportunidades laborales que en parte responden también a los cambios tecnológicos. Lo llamativo es que en estas circunstancias la izquierda esté más centrada en defender derechos específicos para minorías que en luchar por las desigualdades que afectan a la mayoría.
El Ministerio de Igualdad es un buen escaparate de esta deriva. En su organigrama se encuentra una Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI; otra de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial; la Delegación del gobierno contra la violencia de género (que ya existía en 2005, antes de la creación del Ministerio) y el Instituto de la Mujer. Es decir, un hombre no tiene nada que esperar de este Ministerio, a no ser que sea gay, trans, bisexual o por lo menos no binario. Aunque estemos acostumbrados, no deja de ser paradójico que un Ministerio de Igualdad “de todas y todos” excluya de su radio de acción a la mitad masculina de la ciudadanía y que no tenga ningún departamento dedicado a luchar contra la principal desigualdad que hoy es económica.
Se dirá que para eso están los ministerios económicos. Efectivamente, y eso indica dónde se sustancian hoy los problemas de desigualdad candentes. Las discrepancias y las resistencias surgen a la hora de decidir el salario mínimo, las tarifas impositivas, las condiciones laborales de los autónomos, los años de cotización para la pensión, la cobertura del desempleo…Ahí se echan un pulso los empresarios y los sindicatos, mientras que los ministros económicos moderan las impaciencias de los igualitarios más aguerridos.
Para el Ministerio de Igualdad se reservan asuntos que no trastocan los imperativos económicos. La realidad económica es tozuda, y también la izquierda socialdemócrata ha comprendido hace tiempo que las aventuras se pagan. En cambio, si se trata de promover la diversidad y de impulsar esotéricas ideologías de género, se piensa que el papel lo aguanta todo.
Así vemos que en la agenda legislativa del Ministerio de Igualdad se encuentra una ley por los derechos de los transexuales. Según sus postulados, una mera declaración del interesado bastaría para borrar su realidad biológica de ser hombre o mujer, y abriría la puerta a cambiar su identidad sexual. La propuesta de ley para personas trans quiere eliminar cualquier requisito médico, psicológico y de plazos que hasta ahora se exigían, de modo que nada se interponga en el cumplimiento del deseo del interesado.
Aunque la propuesta de ley trans se presente como un medio para “la igualdad plena y efectiva” de estas personas, en realidad lo que supone es que se las trate de un modo desigual. En cualquier otro campo jurídico uno tiene que aportar pruebas y razones que avalan sus pretensiones. No basta que uno se “sienta” propietario, hay que aportar un título de propiedad. Pero si se trata de la identidad sexual, basta una declaración que produce el efecto por el mero hecho de ser enunciada. Todo un cambio de paradigma jurídico bajo una ley en apariencia menor.
Otro proyecto que está en el telar es una Ley Integral de Igualdad de Trato y Lucha contra la Discriminación. ¡Otra más! Otro dragón más con el que hay que pelear. En estos casos hay que añadir el calificativo de “integral”, como si las anteriores fueran solo retales.
También está en tramitación una Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como “solo sí es sí”. Bien está que se precisen conceptos jurídicos sobre el consentimiento que han resultado ser equívocos, aunque quizá una simple modificación del Código Penal bastaría.
Pero un Ministerio de la Igualdad tiene que presentar sus propuestas como innovadoras e indispensables. Es más, “históricas”. Esta futura ley de Libertad Sexual supondrá, según ha afirmado Victoria Rosell, delegada del gobierno para la violencia de género, un "avance histórico en la protección integral", no solo penal, de las mujeres frente a las violencias machistas.
Hasta unas reuniones pueden hacer historia. Por eso, la web del Ministerio, al informar de que han finalizado las sesiones de la Mesa de trabajo por los derechos trans, dice: “Se trata de una experiencia histórica en la que han participado durante cinco meses, 36 organizaciones por los derechos trans, así como diez personas trans expertas en diferentes campos como el derecho o la sociología”. No es fácil saber cuántos trans hay España, pero incluso en estos tiempos sorprende que haya nada menos que 36 organizaciones dedicadas a este asunto. Aunque también puede ser un modo de dar importancia al colectivo. Y de acrecentar la fama del san Jorge jubilado.
