Bajar impuestos
Mariano Rajoy ha reiterado que, en cuanto pueda, bajará los impuestos. Ojalá sea muy pronto, porque es básico para crear empleo. Para mejorar nuestra economía, hace tiempo se barajaban dos posibilidades: recortar gastos o elevar impuestos. El resultado es que se ha optado por las dos, con el resultado de unos ciudadanos con más gastos, más impuestos y menores salarios, lo que explica el descontento generalizado. Atrás quedaron debates acerca de las ventajas o no de subir los impuestos directos o los indirectos (consumo), porque también se han subido ambos.
No pretendo simplificar ni presentar una fórmula mágica, sino urgir la que, en mi opinión, es la vía más adecuada y eficaz. Por supuesto que puede haber un período transitorio –pero que sea corto y señalando muy bien las medidas que hay que adoptar- y muchas especificaciones particulares. Pero como en todo itinerario con dificultades, hay que acertar con el sendero más eficaz y justo socialmente.
Para poco sirve comparar la fiscalidad en España con la de otros países, cuando en esos países hay unos salarios superiores a los nuestros. Según conviene a un partido político o por simple pereza, aludimos a lo que sucede en otros países cuando interesa al interlocutor, como queriendo copiar todo lo bueno de cada país sin contrapartidas.
Se habla de adelgazar las administraciones públicas y optimizar los recursos públicos. Es la reforma pendiente, y nadie en España justifica que, por ejemplo, José Bono, como expresidente de Castilla-La Mancha, haya costado a la comunidad autónoma 160.8900 euros en 2012 con su "oficina de apoyo", que incluye despacho, dos secretarias y chófer ¡hasta 2024! Por otra parte, los expresidentes de Cataluña Pujol, Maragall y Montilla cuestan un millón de euros al año a los catalanes, con sus despachos, secretarias, etc. Y como el déficit de Cataluña es el más grande y requiere fondos de todos los españoles, la conclusión es que lo pagamos también el resto de españoles. Basta también con aludir a dietas, kilometrajes, asesores, secretarias y otras prebendas que tienen no pocos cargos públicos para reclamar su total transparencia y una revisión urgente, ejemplar. Los cargos públicos están para servir al Estado, a la Comunidad Autónoma o al Municipio, no para servirse de ellos: su remuneración debe ser digna, no insultante, de acuerdo con la preparación y dedicación. Y mientras tanto se han subido los impuestos a todos los españoles. No tiene lógica ni equidad.
Hay un excesivo estatalismo en España, diversificado entre Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Es insostenible y, además de adoptar decisiones, requiere una reflexión a fondo. Para que no haya derroche público, las administraciones deben tener menores recursos, y para ello recaudar menos impuestos. Casos como el de Bono-Pujol-Maragall-Montilla son sangrantes y esquizofrénicos.
El Estado del Bienestar requiere una reflexión profunda, que lleva un retraso de décadas. Ha aportado logros, pero también abusos y un adormecimiento de la capacidad de emprender. Alabar el emprendedurismo ahogando los ahorros de los ciudadanos por una presión fiscal asfixiante, es anacrónico. Se ensalza el autoempleo y el emprendedurismo, pero no existe capacidad de ahorro, mientras ciertos políticos protegen un status económico desproporcionado y antisocial. Si de verdad queremos una dinamización laboral y económica, hay que ser coherente y bajar los impuestos: con menos dinero, ciertos políticos no podrían mantener sus prebendas, que se les suprimirían, pues hay otras prioridades de gasto, en estos momentos y de modo especial cuanto afecta al empleo –el derecho al trabajo es un "derecho", y no una retahíla de contratos temporales y subsidios de desempleo – y los servicios sociales. Unos impuestos que atiendan con justicia los servicios sociales, no la voracidad, la codicia ni la comodidad.
